La operación policial y judicial contra cuatro clínicas privadas de Barcelona por cometer presuntamente abortos ilegales podría acabar salpicando al Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.Según pudo saber ABC de fuentes cercanas al caso, uno de los nombres que ha aparecido en la investigación, a raíz de la información aportada por una ex empleada del centro que es ahora una testigo protegida, es el de un vocal de la sección de toco-ginecología de esta institución barcelonesa.

Según estas mismas fuentes, este ginecólogo —que no ha sido detenido— habría avalado abortos ilegales practicados en los centros investigados: Ginemedex, Barnamedic, TBC —dirigidas por Carlos Morín, detenido el pasado lunes—, y Emece, a la cual Morín sigue vinculado. Concretamente, este vocal del COMB habría prestado su nombre y su sello como ginecólogo a otros médicos de las clínicas de Morín que hacían las ecografías a las pacientes y las retocaban o falsificaban para simular que el feto tenía menos semanas de las que realmente tenía. Una de estas técnicas de manipulación es modificar el enfoque de la ecografía, de manera que el feto se vea más pequeño de lo que realmente es.

Se da la circunstancia de que este mismo profesional ahora en tela de juicio —quien consultado por ABC negó los hechos y afirmó que había trabajado en el pasado para algunas de las clínicas investigadas, pero ya no—, fue detenido junto con Carlos Morín en 1989 tras ser acusados de cometer abortos ilegales en la Clínica Ginetec de Alicante. Ambos estuvieron en prisión provisional por ee caso, aunque finalmente fueron absueltos.

Amparándose en el secreto de las diligencias y del sumario que se ha declarado en este caso, fuentes de la Guardia Civil, que lideran la investigación con la colaboración de la Guardia Urbana, a la que acudió la testigo protegida, declinaron confirmar si se este ginecólogo vocal del COMB va a ser detenido en breve.

Expediente sin sanción

De confirmarse su implicación en la operación contra las cuatro clínicas privadas abortistas, a buen seguro el Colegio de Médicos de Barcelona se verá obligado a dar explicaciones. Y es que a principios de este año, a raíz de una denuncia presentada por E-Cristians, cuya querella también ha propiciado la investigación, y del reportaje de la televisión danesa que destapara las malas prácticas de Morín, el COMB investigó el caso. Con todo, desestimó abrir un expediente sancionador. Concluyeron entonces, tras una investigación en la que no se sabe si participó el propio vocal ahora sospechoso, que «no se vulneró ningún código deontológico ni ningún precepto legal».

«Entonces no evidenciamos la vulneración de normas deontológicas ni la comisión de delito, por lo que no abrimos ningún expediente sancionador», declaró este semana el secretario del Colegio, Jaume Padrós, quien subrayó que, en todo caso, «es el juez quien tiene los instrumentos para entrar más a fondo» en la cuestión.

Hasta la fecha, las actuaciones sobre este caso, que dirige el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona junto a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llegaron a su punto culminante el pasado lunes, con los registros policiales a las cuatro clínicas investigadas y la detención de seis personas, entre las que se encuentran el propio Carlos Morín y su esposa, gestora de una de los centros, además de otros profesionales de sus clínicas, como ginecólogos y responsables del área de gestión. Tras pasarse tres días —el plazo máximo que permite la ley—, en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en la Travesera de Gracia de Barcelona, los seis detenidos pasarán hoy por la mañana a disposición judicial. La juez que instruye el caso, Elisabeth Castelló, podría imputarles a todos los detenidos un presunto delito de asociación ilícita, además del de práctica de abortos ilegales, falsedad documental e intrusismo profesional (en relación, en este último caso, al hecho de de que al menos un detenido, un médico anestesista, ejerció sin tener la titulación).

La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones y la incorporación de más testigos, además de la ex empleada ahora amparada como testigo protegido . Anteayer, otra ex empleada de las clínicas de Morín intervino por teléfono en un programa de la televisión autonómica catalana para relatar las irregularidades que ella presenció; la Guardia Civil ya se ha puesto en contacto con ella.

Por otro lado, planea la incógnita sobre el futuro de algunas de las mujeres —muchas de ellas extranjeras—, que se prestaron a abortar ilegalmente y que podrían acabar siendo, cuando menos, imputadas.

La pista del ADN

Precisamente, una de las macabras pistas que podrían conducir a su detención son las dos máquinas trituradoras de fetos conectadas a un desagüe que se hallaron en los lavabos de dos de las clínicas durante el registro policial efectuado el pasado lunes. Concretamente, se encontró una trituradora en la clínica Ginemedex y la instalación de otra ya desmontada en la clínica TCB. Los agentes de la Guardia Civil tomaron fotos y muestras de las tuberías de los baños donde estaban para tratar de buscar restos de ADN humano. Dichos restos, según fuentes del caso, se cotejarían con el ADN de 15 clientas que podrían haber sido ya identificadas por los responsables de la investigación. Al parecer, las trituradoras sólo eran utilizadas a primera hora de la mañana por el intenso ruido que producen.

Por otra parte, además del citado vocal del COMB, otros futuros detenidos podrían ser dos psiquiatras que habrían falseado los informes psicológicos que se hacen a las mujeres que quieren abortar en base al supuesto legal que permite hacerlo, sin límite de plazo, si hay peligro para la salud psíquica (o física) de la mujer. Uno de estos psiquiatras trabaja en la cárcel catalana de Can Brians.

 

DOMINGO PÉREZ

MADRID. El mapa abortista en España encuentra en Cataluña una referencia constante. Ocupa lugares punteros en todas las estadísticas que se manejan, datos que la convierten en la principal meca abortista de nuestro país, seguida de cerca, y en algunas cuestiones superada, por Madrid.

Es en la comunidad catalana donde se localiza la mayor oferta de centros privados cuya actividad se centra en las interrupciones voluntarias de embarazos. En el año 2005, con los últimos datos oficiales que maneja el Ministerio de Sanidad y Consumo, las cifras de centros abortistas triplicaba en Cataluña a las de Madrid y eso para un número total de abortos practicados muy similares en ambas zonas, en torno a los 17.000 cada una.

Exactamente, en Cataluña fueron 21 los centros privados que comunicaron haber realizado abortos, por sólo siete en Madrid. El segundo puesto en este ránking de clínicas especializadas se lo adjudica Andalucía, con quince (cuatro de ellas en Málaga), seguida de la Comunidad Valenciana (catorce) y Madrid y País Vasco, con siete cada uno, aunque la actividad abortiva en la capital de España multiplica por ocho la que se completa en la región vasca: 17.356 por 2.383.

Si Madrid se lleva la palma en el número total, Cataluña no se queda a la zaga con 16.905 (12.732 de ellos en Barcelona). En esta clasificación, la tercera plaza se la adjudica Andalucía, con 17.683. Málaga, con su aeropuerto internacional que facilita la llegada de clientes extranjeras, es el centro neurálgico del aborto en esta comunidad, con 4.505 interrupciones, seguida por Sevilla (3.218) y Cádiz (2.291). La tercera posición en términos absolutos recae en la Comunidad Valenciana, con 9.257 intervenciones (5.000 en Valencia).

Sexta en número de abortos

Al hablar de abortos, los especialistas valoran mucho la denominada «tasa de interrupciones voluntarias», es decir, el número de mujeres que han abortado por cada 1.000 de ellas en edad fértil (de 15 a 44 años). En general, este valor se situaba en 2005 en España en un 9,60 (8,94 en 2004), pero en algunos puntos geográficos la media se disparaba. La tasa mayor se localiza en Madrid (12,81), seguida de Baleares (12,57), donde turismo e inmigración disparan las cifras. Les siguen Cataluña (11,46) y, gracias a la inmigración, Murcia (11,70).

Pero ese 9,60, ¿qué valor tiene en términos europeos? Desde el Ministerio aseguran que es una tasa bastante baja, aunque en el último informe sobre la «Evolución de la familia en Europa», elaborado por el Instituto de Política familiar, se ofrecía una versión bien distinta: España es el sexto país de la Unión Europea en el número global de abortos, superada por Francia, Reino Unido, Rumanía, Italia y Alemania, pero es también la nación en la que en los últimos diez años más han crecido las interrupciones, «por encima de un 75%».

 

A. LARDIÉS

PAMPLONA. Navarra (639) es, junto a La Rioja (513), una de las comunidades donde menos abortos se practican en España. Los médicos de los hospitales públicos navarros abogan en su abrumadora mayoría por la objeción de conciencia, y ello hace que cualquier ciudadana navarra que quiera abortar tenga que viajar a otra comunidad autónoma, para lo que incluso el Gobierno foral ofrece ayudas. Este ha sido el panorama en Navarra desde que se puede abortar en España, pero las cosas pueden cambiar en breve. Los partidos de la oposición, PSN, IU y Nafarroa Bai, consiguieron sacar adelante el pasado mes de octubre una moción por la que se instaba al Gobierno de Navarra a facilitar que las ciudadanas navarras puedan abortar en los centros públicos, aunque no se especificaba cómo debía hacerlo. En esa misma línea, los tres partidos preparan una iniciativa conjunta para que haya una ley al respecto que obligue a que el aborto «sea una realidad» en la comunidad. El Gobierno foral defiende que la legalidad se cumple estrictamente y que se respeta, al amparo de lo establecido en diferentes sentencias del TC, la objeción de conciencia de los facultativos. La consejera de Salud, María Kurtz, en aquel pleno del Parlamento, comparaba lo que sucede en Navarra con lo que ocurre en otros muchos lugares de España, como en Andalucía, donde «el 0,16 por ciento de los abortos se hacen en la sanidad pública».