No son mujeres españolas que viajan a Londres para abortar, son británicas que viajan a Barcelona. Más de cinco mil extranjeras han viajado durante los últimos cinco años a Cataluña de forma exclusiva para una interrupción voluntaria de embarazo. Y no son sólo británicas; sobre todo francesas, y también andorranas e italianas. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña, 1.251 mujeres se sometieron a un aborto en esa región de España durante el año 2006, con un incremento próximo al 20 por ciento en los últimos doce meses. Supone una media de tres cada día.

Su procedencia se mantiene prácticamente invariable a lo largo del tiempo: Francia es el principal país de origen de las mujeres que se trasladan a nuestro país para abortar, ya que según el último año dos de cada tres mujeres extranjeras con residencia fuera de nuestro país procedían de este país vecino.

En Francia, el aborto es libre durante los doce primeras semanas mediante solicitud previa, y en el segundo trimestre se permite en caso de riesgo para la vida de la mujer, riesgo para su salud psíquica o debido a malformaciones del feto. Además de francesas, las mujeres vienen a abortar desde Andorra (14,3 por ciento) e Italia (9,9 por ciento) principalmente, según los datos de 2005, que son similares a los del año anterior, cuando aún se incluía a Gran Bretaña entre los principales países de origen de las mujeres que acudían a Cataluña.

En Italia, se puede abortar hasta los 90 días de embarazo por razones sociales, económicas o médicas y por encima de esos 90 días cuando existe riesgo para la vida de la mujer, para su salud física o psíquica o en caso de violación. Y en el caso de Gran Bretaña, se permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana número 24 en caso de razones sociales, económicas o médicas, y sin límite en caso de grave y permanente riesgo para la vida de la mujer. Por su parte, está prohibido el aborto voluntario en Andorra, aunque se ha levantado la pena por someterse a un aborto en otro país.

La evolución de las cifras hasta ahora conocidas en Cataluña muestran una nueva dimensión, hasta el punto de que en el último año los incrementos tanto en el número de interrupciones voluntarias del embarazo como en la llegada de mujeres con residencia en el extranjero para abortar en nuestro país se han incrementado alrededor de un 20 por ciento.

Aumento en el último año

Entre el año 2001 y el año 2005, el número de abortos en Cataluña pasó de 15.207 a 18.434, lo que supone un incremento real superior a las 3.200 interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, sólo en el último año (2005-2006) ese aumento ha sido aún superior, al pasar de 18.434 a 21.976. En semejantes circunstancias se mueve la llegada de extranjeras a España con el único fin de abortar. Menos de 800 se trasladaron a Cataluña desde Francia, Andorra, Italia, Gran Bretaña... en el año 2001 con ese motivo, mientras que en 2006 la cifra ascendía a 1.251. Entre los años 2001 y 2005, se pasó de 798 extranjeras residentes en el extranjero a 1.045, mientras que en el último año (2005 a 2006) el incremento fue similar, más de doscientas personas: de esos 1.045 a 1.251.

Durante el año 2006, se practicaron en Cataluña un total de 21.976 interrupciones del embarazo, con un incremento cercano al 20 por ciento (19,2%) con respecto al año anterior. De estos abortos, casi la mitad fueron protagonizados por mujeres de origen extranjero, ya fueran de las que cruzan la frontera con el único afán de liberarse del bebé que esperan, como de extranjeras residentes en España, ya sea en Cataluña o en el resto del país. Esas casi 22.000 interrupciones fueron realizadas en 30 centros, de los que 18 eran hospitalarios y el resto extrahospitalarios, en su mayoría de la provincia de Barcelona

Con respecto a los últimos años, no varía la nacionalidad de la mujer que se desplaza a España, en este caso a la Comunidad Autónoma de Cataluña, a someterse a un aborto: en siete de cada diez casos son francesas, y junto a ella también protagonizan estos casos las nacidas en Andorra y en Italia. Es una evidencia que no ha variado prácticamente nada en los últimos años el país de origen de estas mujeres, aunque esta encuesta tiene cada vez más un protagonismo francés, con un aumento de ocho puntos con respecto a 2004, pues ya en 2006 eran 69,9 por ciento del total, mientras que se ha producido un ligero descenso de los viajes desde Andorra e Italia. Pese a ello, entre estos países superan el 90 por ciento de los casos.

Clientela extranjera

Y son personas que en buena parte se habían convertido en clientas de las cuatro clínicas privadas de Barcelona que están siendo investigadas por practicar presuntamente abortos ilegales. Según ha podido saber este periódico, la mayor parte de sus clientas eran extranjeras. El pasado lunes, cuando agentes de la Guardia y de la Guardia Urbana registraron las sedes de las cuatro clínicas, situadas en un radio de menos de un kilómetro, en la parte alta de Barcelona, algunos de los curiosos vecinos que se pararon a ver el trajín policial y periodístico comentaron que muy a menudo veían llegar coches con matrícula francesa a las sedes de los centros médicos.

Con hotel pagado

Al parecer, el máximo responsable de las clínicas investigadas, el cirujano peruano Carlos Morín, podría haber ideado una red de colaboradores, en este caso, médicos extranjeros que derivaban a sus clientas a los centros de Barcelona a cambio de una presunta comisión. Además, el peruano Carlos Morín tenía convenios con tres importantes hoteles de Barcelona en los que alojaba las pacientes antes y después de las intervenciones. La industria del aborto.

La sede de los juzgados de guardia de Barcelona fue durante todo el día de ayer escenario de una intensa jornada de declaraciones por parte de los seis detenidos por la investigación de las cuatro clínicas privadas de Barcelona sospechosas de practicar de forma reiterada abortos ilegales.

Los detenidos, entre los que se cuentan el cirujano peruano Carlos Morín, máximo responsable del grupo de clínicas investigadas, Ginemedex-TCB, y su esposa, fueron trasladados a los juzgados a las nueve de la mañana, a donde acudió la juez que instruye el caso, la titular del juzgado de Instrucción número 33 de la capital catalana, Elisabeth Castelló.

Con todo, la primera declaración, que fue la de la mujer de Morín, no comenzó hasta la una del mediodía, un aviso para periodistas de que el trámite iba para muy largo; augurio confirmado al poco después de que sólo la declaración de Morín se prolongara durante tres horas. Al cierre de esta edición no habían terminado de declarar los seis detenidos, así que el futuro procesal de los arrestados seguía en el aire. Más aún porque el secreto de sumario que pende sobre el caso, recordado ayer por la juez vía comunicado, aviva el misterio en todo lo que rodea este suceso.

No se sabía se serían mandados a prisión provisional o recuperarían la libertad, presumiblemente con cargos, e incluso se especulaba con la posibilidad de que se prorrogara su detención si la jornada concluía sin haber declarado todos. Según señaló en su auto de registro y detención del pasado lunes, la juez apreciaba indicios de que los detenidos hubieran cometido, además de un presunto delito de aborto ilegal, un delito de asociación ilícita, de falsificación documental y de intrusismo profesional.

Más allá de las declaraciones de los detenidos, la investigación del caso, que lleva la Guardia Civil bajo el mando de la juez instructora prosigue; y cada vez se antoja como una tarea más ardua. Además de analizar la ingente documentación que se incautó de las clínicas registradas y dilucidar la implicación de los detenidos en supuestos abortos ilegales, los investigadores también han puesto su punto de mira en el otro lado del delito: las clientas de las clínicas investigadas. Al menos tres mujeres que contrataron los servicios de las clínicas ya han acudido a declarar ante la Guardia Civil después de ser citadas como imputadas tras aparecer sus nombres en informes médicos de abortos en tela de juicio. De hecho, estas tres mujeres reconocieron que sus expedientes médicos incluían informes psiquiátricos, pese a que ellas no habían sido visitadas por ningún especialista en esta materia. Esta práctica fraudulentea abonaría la sospecha de que Morín tenía psiquiatras a sueldo que firmaban los preceptivos informes psicológicos sin ni ver a las pacientes.

El cotejo de aquellos informes sospechosos que se hallaron en el registro de las clínicas, mediante la declaración de las afectadas, podría llevar a los investigadores a invertir meses de trabajo, puesto que algunas fuentes estiman que se están revisando unos 2.000 informes médicos de mujeres que acudieron a las clínicas de Morín a abortar, muchas de ellas extranjeras, si bien no todos los abortos están en tela de juicio. Eso trata de corroborar la Guardia Civil.

El presidente del PP en Cataluña, Daniel Sirera, reclamó ayer que el consejero de Interior, Joan Saura, comparezca en el Parlamento catalán para que explique los motivos por los que los Mossos «no han participado» en la investigación del caso de las clínicas abortivas. Asimismo,instó al presidente de la Generalitat, José Montilla, a explicar si es verdad o no que la policía autonómica no ha llevado a cabo la investigación porque a Saura «no le interesaba políticamente». El propio Saura replicó ayer y recordó que era competencia de la juez decidir qué cuerpo policial hacía la investigación, y sugirió que quizás optó por la Guardia Civil porque podría tener implicaciones fuera de Cataluña, con lo que las competencias recaerían en «un cuerpo de Estado».

 

IVA ANGUERA DE SOJO

BARCELONA. Después de tres décadas de militancia socialista, la «radicalización» del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ha podido con la senadora Mercedes Aroz, que ayer anunció su decisión de abandonar la política activa. Durante esta legislatura, Aroz se ha abstenido por problemas de conciencia en la votación en el Senado de tres de las leyes emblemáticas del Gobierno, la del matrimonio homosexual, la de reproducción asistida y la de investigación biomédica, porque «chocan frontalmente con la ética cristiana».

Así, su conversión al catolicismo ha llevado a la senadora con más votos de la historia (1.602.225 en la última legislatura, el 53,67%) a anunciar que deja la política activa y aclarar, en conversación con ABC, que tampoco seguirá trabajando a nivel orgánico. «Seguiré como simple afiliada en la confianza de que en el futuro el partido vuelva a la línea de socialdemocracia moderada de los tiempos de Felipe González».

La senadora catalana, que fue elegida dentro de la coalición Entesa, integrada por el PSC, ERC e ICV, reconoció que el debate abierto en el seno de su grupo por la Ley de matrimonio homosexual fue «un debate difícil» en el que «me encontré sola». En las otras dos leyes que colisionaban con su fe católica, la senadora optó por ausentarse de la Cámara Alta durante la votación, pero renunció a abrir de nuevo el debate en la Entesa.

Precisamente su postura contra la ley del matrimonio homosexual motivó una campaña en su contra en internet, en la que se reclamaba su renuncia como senadora. Aroz aseguró ayer, sin embargo, que en ese momento no se planteó la renuncia porque su partido no se lo pidió y encontró «comprensión» en el PSC a su postura, lo que la habría llevado a «mantener mis compromisos» hasta el final de la legislatura.

«He querido hacer pública mi conversión para subrayar la convicción de la Iglesia católica de que el cristianismo tiene mucho que decir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, porque hay algo más que la razón y la ciencia», concluyó.

 

Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida www.provida.es/valencia