Vidas al desagüe

 
JUAN MANUEL DE PRADA
 
FORZABAN los partos inyectando a las embarazadas sustancias químicas que provocaban fortísimas contracciones en el útero; a los fetos de siete u ocho meses, les inyectaban calmantes para evitar que pataleasen y luego, apenas asomaban la cabeza, los decapitaban, o les introducían un catéter por la región occipital que les succionaba el cerebro. Para desprenderse de sus cadáveres, los introducían en una máquina trituradora que los reducía a papilla orgánica y los arrojaban al desagüe. La truculencia de los métodos empleados en esos mataderos barceloneses que, misteriosamente, la prensa insiste en llamar «clínicas» ha servido para que, siquiera durante unas horas o días, la opinión pública se estremezca de horror. Por supuesto, se trata de un estremecimiento hipócrita, el repeluzno momentáneo del monstruo que no soporta contemplar su monstruosidad reflejada en un espejo; pero basta dar la espalda al espejo para que el monstruo pueda seguir viviendo plácidamente. En apenas unos días, nuestra memoria selectiva habrá borrado la reminiscencia de tanto horror; y se seguirá abortando a mansalva, con idénticos o parecidos métodos, ante la indiferencia de los monstruos.
A las tropas americanas y británicas que, en su avance hacia Berlín, iban liberando los campos de concentración donde se hacinaban espectros de hombres no les espantaba tanto el espectáculo dantesco que se desplegaba ante sus ojos como la pretendida ignorancia de los lugareños vecinos, que habían visto llegar trenes abarrotados de presos al apeadero de su pueblo, que habían visto humear las chimeneas de los hornos crematorios, que habían visto descender la ceniza de los cuerpos sobre sus tierras de labranza y, sin embargo, habían fingido no enterarse de lo que estaba sucediendo ante sus narices. Con esta nueva forma de holocausto que es el aborto ocurre lo mismo: mucho más horrendo que el crimen de esos matarifes que trituran fetos de siete u ocho meses y arrojan sus restos al desagüe es la connivencia silenciosa de una sociedad que vuelve la espalda ante tanta bestialidad, que ya no dispone de resortes morales para sublevarse contra semejante forma de muerte industrial, que finge que no le incumbe, que incluso formula justificaciones rocambolescas que la amparen. Y que, en el colmo de la vileza, urde simulacros compasivos que traigan placidez a su existencia de monstruos: quienes se encogen de hombros ante esta nueva forma de muerte industrial suelen ser los mismos que se erigen en paladines de los derechos de los animales, los mismos que se muestran atribulados ante las consecuencias del cambio climático, los mismos que se rasgan las vestiduras cuando se enteran de que en Guantánamo se dispensa a los reclusos un trato vejatorio.
Escribíamos el otro día que nuestra época había dejado de ser humana. Tal vez este proceso de deshumanización no sea irreversible; tal vez las generaciones que nos sucedan vuelvan a contemplarse en un espejo y reúnan el valor suficiente para renegar del monstruo que les hemos cedido en herencia. Tal vez esas generaciones futuras quieran saber cómo eran sus antepasados; y entonces se desplegará ante sus ojos el espectáculo dantesco del aborto, los millones de vidas que fueron trituradas y arrojadas al desagüe cuando ni siquiera podían defenderse. Pero no les espantará tanto ese cómputo innumerable como la impiedad de aquellos antepasados que consintieron tanta bestialidad. Y todavía les espantará más saber que aquellos mismos hombres que habían renegado de su humanidad maquinaron coartadas que les permitieran sobrellevar una vida plácida mientras la trituradora se atoraba, incapaz de deglutir tanta vida reducida a papilla. Les espantará hasta la náusea saber que mientras las trituradoras de la muerte industrial trabajaban a destajo sus antepasados lloriqueaban farisaicamente recordando a las víctimas de tal o cual guerra pretérita, organizaban telemaratones solidarios, participaban muy orgullosamente en manifestaciones contra el cambio climático: simulacros de fingida humanidad en una época que había dejado de ser humana.
A esas generaciones futuras sólo les restará un consuelo: saber que, mientras sus antepasados renegaban de su condición humana, había un Dios que abrazaba amorosamente tanta vida arrojada al desagüe.
 

Prisión para los cabecillas de la red de clínicas abortistas descubierta en Barcelona

La titular del juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona decretó ayer por la tarde prisión provisional sin fianza para tres de los seis detenidos el pasado lunes por practicar presuntamente abortos ilegales en cuatro clínicas privadas de Barcelona: Ginemedex, TBC y Fundación Morín, del Grupo CBM, y Emece. Entre los detenidos a los que se les decretó la prisión incondicional están el máximo responsable de la red de clínicas que practicaba los abortos ilegales, el cirujano peruano Carlos Morín, su esposa, María Luisa D. S., que gestionaba la clínica TBC, y María Virtudes S. V., trabajadora de una de las clínicas y supuesta colaboradora de Morín. A todos se les acusa de presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental.
Por su parte, a los otros tres detenidos, los médicos Dimas A.C., Pedro Juan L.A. y Marcial R., se les decretó prisión provisional bajo fianza, por lo que eludirán la cárcel cuando depositen entre 2.000 y 4.000 euros, pese a que la fiscalía también pedía prisión incondicional para ellos. Según señalaron fuentes cercanas al caso, a última hora de ayer ya se habían consignado las fianzas de los tres detenidos.
Sobre este caso sobrevuela una niebla informativa propiciada por el secreto de sumario impuesto. Según informaron fuentes jurídicas, la juez acusaba a los tres detenidos que podrían quedar libres de los mismos cuatro delitos que imputaba al resto. Con todo, el abogado de uno de ellos desmintió este extremo y aseguró a ABC que, al menos en el caso de su cliente, sólo pesaban sobre él las acusaciones de asociación ilícita y práctica de abortos ilegales. Este mismo letrado calificó de «simbólicas» las fianzas impuestas, por su baja cuantía.
Respecto a Morín, su esposa y Virtudes S. V., la juez, coincidiendo con el criterio de la fiscalía, consideró que había un riesgo de que los acusados destruyeran pruebas o se fugaran, de ahí su opción por la prisión incondicional.
La decisión de la juez que instruye el caso, Elisabeth Castelló, llegó el día después de una jornada maratoniana de declaraciones por parte de los seis acusados, que duró 14 horas. Tras comenzar anteayer a la una del mediodía, la declaración ante la juez de los seis detenidos concluyó cerca de las dos de la madrugada de ayer. Luego, la juez decidió prorrogar su detención y los acusados pasaron la noche bajo custodia en la cárcel y no en el acuartelamiento que la Guardia Civil tiene en Travesera de Gracia, en Barcelona, donde consumieron sus días y noches desde que fueron detenidos el pasado lunes.
Morín es a todas luces considerado como el «cabecilla» de esta red dedicada a abortos ilegales. Por cada uno de ellos se cobraba entre 3.000 y 6.000 euros. Según fuentes cercanas al caso, la esposa de Morín, María Luisa D. S., colaboraba con su marido en esta actividad ilícita, mientras que Virtudes S.V.,, sería la encargada de captar a posibles clientas para practicarles abortos.
Los otros tres detenidos realizan supuestamente los abortos -aunque algunas de las interrupciones de embarazo las había realizado el propio Morín, según algunas pacientes-, administraban la anestesia y falsificaban los historiales psicológicos y médicos de las mujeres y los fetos.
El lunes pasado, la Guardia Civil se incautó de gran cantidad de documentación en las cuatro clínicas registradas, que está siendo analizada, y también en la casa donde Morín y su esposa residen en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
Paralelamente, los agentes están tomando declaración a varias clientas de las clínicas. De momento, alrededor de veinte mujeres ya han pasado por este trámite y con sus declaraciones han aflorado varias irregularidades, como el hecho de que muchas de ellas aseguraran que su expediente médico incluía un examen psiquiátrico (preceptivo en el caso de que se alegue para abortar que hay un riesgo para la salud psíquica de la gestante, para la que no hay límite de semanas), pese a que ningún psiquiatra las había visitado.
Una red de colaboradores
En cuanto a la acusación de falsificación documental y de intrusismo profesional, se sabe que uno de los detenidos ejercía de anestesista sin tener título. Además, al parecer el propio Morín realizaba intervenciones quirúrgicas que luego firmaba otro médico, pese a tener el título de cirujano, un gesto que quizás obedecía a la voluntad de ocultar sus prácticas ante el Departamento de Salud.
Finalmente, la «organización» que dirigía Morín podría salpicar también a profesionales del sector de la sanidad pública, ya que se sospecha que tenía -y quizá mantenía con comisiones- una red de colaboradores en hospitales públicos que le enviaban a sus clínicas mujeres que querían abortar.
 

La Fundación de Morín, una tapadera para captar clientas entre las inmigrantes

DOMINGO PÉREZ
MADRID. Entre las actividades de Carlos Morín destacan las de su Fundación que, sin ningún pudor, reconoce entre sus fines fundacionales: «La gestión de programas operativos y concretos en el ámbito de la planificación de la natalidad, orientación sexual e interrupción voluntaria del embarazo». Sobre esta última cuestión aclara en sus estatutos: «Concertando tal actividad si se estima procedente, con centros públicos o privados...».
Todo apunta a que la realidad de la Fundación es que siempre se estimaba procedente la necesidad de abortar y, puesto que en el sector público apenas sí se producen intervenciones de este tipo (en Cataluña, en 2005, 558 de un total de 18.434), siempre se recurría a las propias clínicas privadas de Morín. Vamos, que la Fundación ejercería en la práctica como un centro de reclutamiento de clientas entre un colectivo muy concreto, el de las mujeres inmigrantes especialmente proclives, por su situación sociolaboral e indefensión, a recurrir a esta práctica. Al respecto, las cifras oficiales indican que el 39,11% de la extranjeras residentes en Cataluña han abortado en alguna ocasión.
Evidentemente, esta entidad ofrecía en sus programas otras actividades, como cursos de catalán, por las que la propia Fundación reconoce haber recibido ayudas oficiales. Sin embargo, de forma recurrente y destacada, siempre aparecía en sus prospectos alguna mención a la que, sin duda, era su actividad prioritaria y más lucrativa: ofertas de interrupciones voluntarias del embarazo.
Su introducción entre el colectivo inmigrante se realizó aprovechando la ascendencia de sus patronos. En concreto, Morín es peruano y una de sus más estrechas colaboradoras, la psicóloga Soraya Fares Agudelo, coordinadora general y secretaria de la Fundación, venezolana. La presencia de la Fundación en medios de comunicación para inmigrantes era intensa. La sede de la Fundación servía al tiempo de uno de los puntos de distribución del periódico «Latino». En este medio, de gran penetración entre la población iberoamericana, cuando se recogía información sobre alguno de los cursos impartidos por Morín, nunca se dejaba de recordar, aunque no viniera al caso, que se facilitaba la posibilidad de abortar.
«Abortos-espectáculo»
La Fundación de Morín se inscribió en el Protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia el 21 de febrero de 2003, aunque anteriormente, desde 1998, figuró en la Comunidad Valenciana. Entre sus patronos se encuentran el propio Morín y su esposa, María Luisa Durán. Se dotó a la sociedad con un capital inicial de 9.015,18 euros y, en 2004, presentó una cuentas positivas: unos 160.000 euros de gastos y 182.000 euros de ingresos. Desde entonces, Morín no ha vuelto a presentar las cuentas -incumpliendo la Ley de Fundaciones-, que le han sido requeridas por el Patronato.
Entre sus actuaciones más sonadas, la Fundación organizó el «I Simposio Internacional Multicultural de Salud Reproductiva». La Asociación de Médicos Cristianos de Cataluña interpuso una demanda en el juzgado de guardia porque se ofrecía la posibilidad de participar en un aborto. Según comprobaron, los «abortos-espectáculo» se practicaron el 17 de octubre de 2003 en 30 pacientes embarazadas de hasta tres meses (en las clínicas Ginetec y Emece), en 15 fetos de tres a seis meses (en Ginemedex) y en cinco de más de seis meses (en la propia Fundación).
 

La Generalitat y sus responsables de salud, en entredicho

J. G.
BARCELONA. El pasado lunes, después de que se registraran las cuatro clínicas abortistas investigadas y se detuviera a Carlos Morín y a cinco personas más, la Generalitat de Cataluña intentó justificar su triste papel en este caso. Pese a que las prácticas de Morín ya habían sido denunciadas en 2004 por el rotativo británico «Sunday Telegraph», y en 2006, por la televisión danesa, la actuación del gobierno catalán concluyó el pasado verano, tras concluir unas inspecciones, con una multa de 3.000 euros; sólo se habían detectado «irregularidades administrativas».
La portavoz del Ejecutivo catalán, Aurora Massip, alegó el lunes que la Generalitat no tiene «más potestades» que las que ya ejerció su Departamento de Salud. No piensan igual desde E-Cristians, la entidad que denunció a las clínicas. De hecho, su querella también se dirige «a los funcionarios de Salud» que deben inspeccionar las clínicas, de cuya profesionalidad se duda. Con esta acción, la entidad querellante pone también en el punto de mira a la Generalitat, a la que la juez del caso podría tener que sancionar de confirmarse que hubo irregularidades cometidas por las clínicas que debieron ser detectadas por la Administración catalana.
 

La gran farsa del premio

Morín decidió en 2005 instaurar el Premio al «Mejor Trabajo de Investigación Biopsicosocial relacionado con la inmigración», dotado con 2.000 euros. Cantidad que, por cierto, jamás salió de las arcas de la Fundación puesto que, casualmente, el galardón recayó en Soraya Fares Agudelo por su trabajo «Actitudes de los inmigrantes hacia la integración con la cultura catalana en Vilanova i la Geltrú». El hecho de que Soraya sea uno de los patronos de la Fundación, además de su secretaria y coordinadora general, no desdibujó para nada el acto de la entrega de premios, realizado el 11 de junio de 2005.
 

Once asociaciones piden una reforma para la ley del aborto

ABC
MADRID. Once asociaciones se dieron cita ayer por la tarde ante el Ministerio de Sanidad y Consumo. Un numeroso grupo de personas desafiaron la fría noche madrileña para pedir a todos los grupos políticos representados en el Parlamento «una reforma legal que establezca garantías en el cumplimiento de la Ley de despenalización del aborto», que se observen de «manera estricta» los tres supuestos despenalizados y el impulso de medidas sociales de «apoyo a las madres gestantes», entre otras medidas.
«Permanente fraude»
En un sentido similar, el Foro de la Familia reclamó ayer a los partidos políticos que actúen para poner fin al «permanente fraude» de la ley del aborto, así como una reforma de esta norma para establecer «como mínimo» un plazo de tiempo para la práctica del aborto terapéutico.
El presidente de esta plataforma, Benigno Blanco indicó que la frontera entre el aborto y el infanticidio se está «difuminando», ya que la interrupción terapéutica «teóricamente» se permite en cualquier momento y hasta el final del embarazo.