FORZABAN los partos inyectando a las embarazadas sustancias químicas que
provocaban fortísimas contracciones en el útero; a los fetos de siete u
ocho meses, les inyectaban calmantes para evitar que pataleasen y luego,
apenas asomaban la cabeza, los decapitaban, o les introducían un catéter
por la región occipital que les succionaba el cerebro. Para desprenderse
de sus cadáveres, los introducían en una máquina trituradora que los
reducía a papilla orgánica y los arrojaban al desagüe. La truculencia de
los métodos empleados en esos mataderos barceloneses que, misteriosamente,
la prensa insiste en llamar «clínicas» ha servido para que, siquiera
durante unas horas o días, la opinión pública se estremezca de horror. Por
supuesto, se trata de un estremecimiento hipócrita, el repeluzno
momentáneo del monstruo que no soporta contemplar su monstruosidad
reflejada en un espejo; pero basta dar la espalda al espejo para que el
monstruo pueda seguir viviendo plácidamente. En apenas unos días, nuestra
memoria selectiva habrá borrado la reminiscencia de tanto horror; y se
seguirá abortando a mansalva, con idénticos o parecidos métodos, ante la
indiferencia de los monstruos.
A las tropas americanas y británicas que, en su avance hacia Berlín, iban
liberando los campos de concentración donde se hacinaban espectros de
hombres no les espantaba tanto el espectáculo dantesco que se desplegaba
ante sus ojos como la pretendida ignorancia de los lugareños vecinos, que
habían visto llegar trenes abarrotados de presos al apeadero de su pueblo,
que habían visto humear las chimeneas de los hornos crematorios, que
habían visto descender la ceniza de los cuerpos sobre sus tierras de
labranza y, sin embargo, habían fingido no enterarse de lo que estaba
sucediendo ante sus narices. Con esta nueva forma de holocausto que es el
aborto ocurre lo mismo: mucho más horrendo que el crimen de esos matarifes
que trituran fetos de siete u ocho meses y arrojan sus restos al desagüe
es la connivencia silenciosa de una sociedad que vuelve la espalda ante
tanta bestialidad, que ya no dispone de resortes morales para sublevarse
contra semejante forma de muerte industrial, que finge que no le incumbe,
que incluso formula justificaciones rocambolescas que la amparen. Y que,
en el colmo de la vileza, urde simulacros compasivos que traigan placidez
a su existencia de monstruos: quienes se encogen de hombros ante esta
nueva forma de muerte industrial suelen ser los mismos que se erigen en
paladines de los derechos de los animales, los mismos que se muestran
atribulados ante las consecuencias del cambio climático, los mismos que se
rasgan las vestiduras cuando se enteran de que en Guantánamo se dispensa a
los reclusos un trato vejatorio.
Escribíamos el otro día que nuestra época había dejado de ser humana. Tal
vez este proceso de deshumanización no sea irreversible; tal vez las
generaciones que nos sucedan vuelvan a contemplarse en un espejo y reúnan
el valor suficiente para renegar del monstruo que les hemos cedido en
herencia. Tal vez esas generaciones futuras quieran saber cómo eran sus
antepasados; y entonces se desplegará ante sus ojos el espectáculo
dantesco del aborto, los millones de vidas que fueron trituradas y
arrojadas al desagüe cuando ni siquiera podían defenderse. Pero no les
espantará tanto ese cómputo innumerable como la impiedad de aquellos
antepasados que consintieron tanta bestialidad. Y todavía les espantará
más saber que aquellos mismos hombres que habían renegado de su humanidad
maquinaron coartadas que les permitieran sobrellevar una vida plácida
mientras la trituradora se atoraba, incapaz de deglutir tanta vida
reducida a papilla. Les espantará hasta la náusea saber que mientras las
trituradoras de la muerte industrial trabajaban a destajo sus antepasados
lloriqueaban farisaicamente recordando a las víctimas de tal o cual guerra
pretérita, organizaban telemaratones solidarios, participaban muy
orgullosamente en manifestaciones contra el cambio climático: simulacros
de fingida humanidad en una época que había dejado de ser humana.
A esas generaciones futuras sólo les restará un consuelo: saber que,
mientras sus antepasados renegaban de su condición humana, había un Dios
que abrazaba amorosamente tanta vida arrojada al desagüe.
Prisión para los cabecillas de la red de clínicas abortistas descubierta en Barcelona
La titular del juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona decretó
ayer por la tarde prisión provisional sin fianza para tres de los seis
detenidos el pasado lunes por practicar presuntamente abortos ilegales
en cuatro clínicas privadas de Barcelona: Ginemedex, TBC y Fundación
Morín, del Grupo CBM, y Emece. Entre los detenidos a los que se les
decretó la prisión incondicional están el máximo responsable de la red
de clínicas que practicaba los abortos ilegales, el cirujano peruano
Carlos Morín, su esposa, María Luisa D. S., que gestionaba la clínica
TBC, y María Virtudes S. V., trabajadora de una de las clínicas y
supuesta colaboradora de Morín. A todos se les acusa de presuntos
delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo profesional y
falsedad documental.
Por su parte, a los otros tres detenidos, los médicos Dimas A.C.,
Pedro Juan L.A. y Marcial R., se les decretó prisión provisional bajo
fianza, por lo que eludirán la cárcel cuando depositen entre 2.000 y
4.000 euros, pese a que la fiscalía también pedía prisión
incondicional para ellos. Según señalaron fuentes cercanas al caso, a
última hora de ayer ya se habían consignado las fianzas de los tres
detenidos.
Sobre este caso sobrevuela una niebla informativa propiciada por el
secreto de sumario impuesto. Según informaron fuentes jurídicas, la
juez acusaba a los tres detenidos que podrían quedar libres de los
mismos cuatro delitos que imputaba al resto. Con todo, el abogado de
uno de ellos desmintió este extremo y aseguró a ABC que, al menos en
el caso de su cliente, sólo pesaban sobre él las acusaciones de
asociación ilícita y práctica de abortos ilegales. Este mismo letrado
calificó de «simbólicas» las fianzas impuestas, por su baja cuantía.
Respecto a Morín, su esposa y Virtudes S. V., la juez, coincidiendo
con el criterio de la fiscalía, consideró que había un riesgo de que
los acusados destruyeran pruebas o se fugaran, de ahí su opción por la
prisión incondicional.
La decisión de la juez que instruye el caso, Elisabeth Castelló, llegó
el día después de una jornada maratoniana de declaraciones por parte
de los seis acusados, que duró 14 horas. Tras comenzar anteayer a la
una del mediodía, la declaración ante la juez de los seis detenidos
concluyó cerca de las dos de la madrugada de ayer. Luego, la juez
decidió prorrogar su detención y los acusados pasaron la noche bajo
custodia en la cárcel y no en el acuartelamiento que la Guardia Civil
tiene en Travesera de Gracia, en Barcelona, donde consumieron sus días
y noches desde que fueron detenidos el pasado lunes.
Morín es a todas luces considerado como el «cabecilla» de esta red
dedicada a abortos ilegales. Por cada uno de ellos se cobraba entre
3.000 y 6.000 euros. Según fuentes cercanas al caso, la esposa de
Morín, María Luisa D. S., colaboraba con su marido en esta actividad
ilícita, mientras que Virtudes S.V.,, sería la encargada de captar a
posibles clientas para practicarles abortos.
Los otros tres detenidos realizan supuestamente los abortos -aunque
algunas de las interrupciones de embarazo las había realizado el
propio Morín, según algunas pacientes-, administraban la anestesia y
falsificaban los historiales psicológicos y médicos de las mujeres y
los fetos.
El lunes pasado, la Guardia Civil se incautó de gran cantidad de
documentación en las cuatro clínicas registradas, que está siendo
analizada, y también en la casa donde Morín y su esposa residen en
Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
Paralelamente, los agentes están tomando declaración a varias clientas
de las clínicas. De momento, alrededor de veinte mujeres ya han pasado
por este trámite y con sus declaraciones han aflorado varias
irregularidades, como el hecho de que muchas de ellas aseguraran que
su expediente médico incluía un examen psiquiátrico (preceptivo en el
caso de que se alegue para abortar que hay un riesgo para la salud
psíquica de la gestante, para la que no hay límite de semanas), pese a
que ningún psiquiatra las había visitado.
Una red de colaboradores
En cuanto a la acusación de falsificación documental y de intrusismo
profesional, se sabe que uno de los detenidos ejercía de anestesista
sin tener título. Además, al parecer el propio Morín realizaba
intervenciones quirúrgicas que luego firmaba otro médico, pese a tener
el título de cirujano, un gesto que quizás obedecía a la voluntad de
ocultar sus prácticas ante el Departamento de Salud.
Finalmente, la «organización» que dirigía Morín podría salpicar
también a profesionales del sector de la sanidad pública, ya que se
sospecha que tenía -y quizá mantenía con comisiones- una red de
colaboradores en hospitales públicos que le enviaban a sus clínicas
mujeres que querían abortar.
La Fundación de Morín, una tapadera para captar clientas entre las inmigrantes
DOMINGO PÉREZ
MADRID. Entre las actividades de Carlos Morín destacan las de su
Fundación que, sin ningún pudor, reconoce entre sus fines
fundacionales: «La gestión de programas operativos y concretos en
el ámbito de la planificación de la natalidad, orientación sexual
e interrupción voluntaria del embarazo». Sobre esta última
cuestión aclara en sus estatutos: «Concertando tal actividad si se
estima procedente, con centros públicos o privados...».
Todo apunta a que la realidad de la Fundación es que siempre se
estimaba procedente la necesidad de abortar y, puesto que en el
sector público apenas sí se producen intervenciones de este tipo
(en Cataluña, en 2005, 558 de un total de 18.434), siempre se
recurría a las propias clínicas privadas de Morín. Vamos, que la
Fundación ejercería en la práctica como un centro de reclutamiento
de clientas entre un colectivo muy concreto, el de las mujeres
inmigrantes especialmente proclives, por su situación sociolaboral
e indefensión, a recurrir a esta práctica. Al respecto, las cifras
oficiales indican que el 39,11% de la extranjeras residentes en
Cataluña han abortado en alguna ocasión.
Evidentemente, esta entidad ofrecía en sus programas otras
actividades, como cursos de catalán, por las que la propia
Fundación reconoce haber recibido ayudas oficiales. Sin embargo,
de forma recurrente y destacada, siempre aparecía en sus
prospectos alguna mención a la que, sin duda, era su actividad
prioritaria y más lucrativa: ofertas de interrupciones voluntarias
del embarazo.
Su introducción entre el colectivo inmigrante se realizó
aprovechando la ascendencia de sus patronos. En concreto, Morín es
peruano y una de sus más estrechas colaboradoras, la psicóloga
Soraya Fares Agudelo, coordinadora general y secretaria de la
Fundación, venezolana. La presencia de la Fundación en medios de
comunicación para inmigrantes era intensa. La sede de la Fundación
servía al tiempo de uno de los puntos de distribución del
periódico «Latino». En este medio, de gran penetración entre la
población iberoamericana, cuando se recogía información sobre
alguno de los cursos impartidos por Morín, nunca se dejaba de
recordar, aunque no viniera al caso, que se facilitaba la
posibilidad de abortar.
«Abortos-espectáculo»
La Fundación de Morín se inscribió en el Protectorado del
Ministerio de Educación y Ciencia el 21 de febrero de 2003, aunque
anteriormente, desde 1998, figuró en la Comunidad Valenciana.
Entre sus patronos se encuentran el propio Morín y su esposa,
María Luisa Durán. Se dotó a la sociedad con un capital inicial de
9.015,18 euros y, en 2004, presentó una cuentas positivas: unos
160.000 euros de gastos y 182.000 euros de ingresos. Desde
entonces, Morín no ha vuelto a presentar las cuentas -incumpliendo
la Ley de Fundaciones-, que le han sido requeridas por el
Patronato.
Entre sus actuaciones más sonadas, la Fundación organizó el «I
Simposio Internacional Multicultural de Salud Reproductiva». La
Asociación de Médicos Cristianos de Cataluña interpuso una demanda
en el juzgado de guardia porque se ofrecía la posibilidad de
participar en un aborto. Según comprobaron, los
«abortos-espectáculo» se practicaron el 17 de octubre de 2003 en
30 pacientes embarazadas de hasta tres meses (en las clínicas
Ginetec y Emece), en 15 fetos de tres a seis meses (en Ginemedex)
y en cinco de más de seis meses (en la propia Fundación).
La Generalitat y sus responsables de salud, en entredicho
J. G.
BARCELONA. El pasado lunes, después de que se registraran las
cuatro clínicas abortistas investigadas y se detuviera a
Carlos Morín y a cinco personas más, la Generalitat de
Cataluña intentó justificar su triste papel en este caso. Pese
a que las prácticas de Morín ya habían sido denunciadas en
2004 por el rotativo británico «Sunday Telegraph», y en 2006,
por la televisión danesa, la actuación del gobierno catalán
concluyó el pasado verano, tras concluir unas inspecciones,
con una multa de 3.000 euros; sólo se habían detectado
«irregularidades administrativas».
La portavoz del Ejecutivo catalán, Aurora Massip, alegó el
lunes que la Generalitat no tiene «más potestades» que las que
ya ejerció su Departamento de Salud. No piensan igual desde E-Cristians,
la entidad que denunció a las clínicas. De hecho, su querella
también se dirige «a los funcionarios de Salud» que deben
inspeccionar las clínicas, de cuya profesionalidad se duda.
Con esta acción, la entidad querellante pone también en el
punto de mira a la Generalitat, a la que la juez del caso
podría tener que sancionar de confirmarse que hubo
irregularidades cometidas por las clínicas que debieron ser
detectadas por la Administración catalana.
La gran farsa del premio
Morín decidió en 2005 instaurar el Premio al «Mejor
Trabajo de Investigación Biopsicosocial relacionado con la
inmigración», dotado con 2.000 euros. Cantidad que, por
cierto, jamás salió de las arcas de la Fundación puesto
que, casualmente, el galardón recayó en Soraya Fares
Agudelo por su trabajo «Actitudes de los inmigrantes hacia
la integración con la cultura catalana en Vilanova i la
Geltrú». El hecho de que Soraya sea uno de los patronos de
la Fundación, además de su secretaria y coordinadora
general, no desdibujó para nada el acto de la entrega de
premios, realizado el 11 de junio de 2005.
Once asociaciones piden una reforma para la ley del aborto
ABC
MADRID. Once asociaciones se dieron cita ayer por la tarde
ante el Ministerio de Sanidad y Consumo. Un numeroso grupo
de personas desafiaron la fría noche madrileña para pedir
a todos los grupos políticos representados en el
Parlamento «una reforma legal que establezca garantías en
el cumplimiento de la Ley de despenalización del aborto»,
que se observen de «manera estricta» los tres supuestos
despenalizados y el impulso de medidas sociales de «apoyo
a las madres gestantes», entre otras medidas.
«Permanente fraude»
En un sentido similar, el Foro de la Familia reclamó ayer
a los partidos políticos que actúen para poner fin al
«permanente fraude» de la ley del aborto, así como una
reforma de esta norma para establecer «como mínimo» un
plazo de tiempo para la práctica del aborto terapéutico.
El presidente de esta plataforma, Benigno Blanco indicó
que la frontera entre el aborto y el infanticidio se está
«difuminando», ya que la interrupción terapéutica
«teóricamente» se permite en cualquier momento y hasta el
final del embarazo.