Selección de Notícias por Provida Valencia

ABC: Vidas al desagüe

 
JUAN MANUEL DE PRADA
 
FORZABAN los partos inyectando a las embarazadas sustancias químicas que provocaban fortísimas contracciones en el útero; a los fetos de siete u ocho meses, les inyectaban calmantes para evitar que pataleasen y luego, apenas asomaban la cabeza, los decapitaban, o les introducían un catéter por la región occipital que les succionaba el cerebro. Para desprenderse de sus cadáveres, los introducían en una máquina trituradora que los reducía a papilla orgánica y los arrojaban al desagüe. La truculencia de los métodos empleados en esos mataderos barceloneses que, misteriosamente, la prensa insiste en llamar «clínicas» ha servido para que, siquiera durante unas horas o días, la opinión pública se estremezca de horror. Por supuesto, se trata de un estremecimiento hipócrita, el repeluzno momentáneo del monstruo que no soporta contemplar su monstruosidad reflejada en un espejo; pero basta dar la espalda al espejo para que el monstruo pueda seguir viviendo plácidamente. En apenas unos días, nuestra memoria selectiva habrá borrado la reminiscencia de tanto horror; y se seguirá abortando a mansalva, con idénticos o parecidos métodos, ante la indiferencia de los monstruos.

 

A las tropas americanas y británicas que, en su avance hacia Berlín, iban liberando los campos de concentración donde se hacinaban espectros de hombres no les espantaba tanto el espectáculo dantesco que se desplegaba ante sus ojos como la pretendida ignorancia de los lugareños vecinos, que habían visto llegar trenes abarrotados de presos al apeadero de su pueblo, que habían visto humear las chimeneas de los hornos crematorios, que habían visto descender la ceniza de los cuerpos sobre sus tierras de labranza y, sin embargo, habían fingido no enterarse de lo que estaba sucediendo ante sus narices. Con esta nueva forma de holocausto que es el aborto ocurre lo mismo: mucho más horrendo que el crimen de esos matarifes que trituran fetos de siete u ocho meses y arrojan sus restos al desagüe es la connivencia silenciosa de una sociedad que vuelve la espalda ante tanta bestialidad, que ya no dispone de resortes morales para sublevarse contra semejante forma de muerte industrial, que finge que no le incumbe, que incluso formula justificaciones rocambolescas que la amparen. Y que, en el colmo de la vileza, urde simulacros compasivos que traigan placidez a su existencia de monstruos: quienes se encogen de hombros ante esta nueva forma de muerte industrial suelen ser los mismos que se erigen en paladines de los derechos de los animales, los mismos que se muestran atribulados ante las consecuencias del cambio climático, los mismos que se rasgan las vestiduras cuando se enteran de que en Guantánamo se dispensa a los reclusos un trato vejatorio.

 

Escribíamos el otro día que nuestra época había dejado de ser humana. Tal vez este proceso de deshumanización no sea irreversible; tal vez las generaciones que nos sucedan vuelvan a contemplarse en un espejo y reúnan el valor suficiente para renegar del monstruo que les hemos cedido en herencia. Tal vez esas generaciones futuras quieran saber cómo eran sus antepasados; y entonces se desplegará ante sus ojos el espectáculo dantesco del aborto, los millones de vidas que fueron trituradas y arrojadas al desagüe cuando ni siquiera podían defenderse. Pero no les espantará tanto ese cómputo innumerable como la impiedad de aquellos antepasados que consintieron tanta bestialidad. Y todavía les espantará más saber que aquellos mismos hombres que habían renegado de su humanidad maquinaron coartadas que les permitieran sobrellevar una vida plácida mientras la trituradora se atoraba, incapaz de deglutir tanta vida reducida a papilla. Les espantará hasta la náusea saber que mientras las trituradoras de la muerte industrial trabajaban a destajo sus antepasados lloriqueaban farisaicamente recordando a las víctimas de tal o cual guerra pretérita, organizaban telemaratones solidarios, participaban muy orgullosamente en manifestaciones contra el cambio climático: simulacros de fingida humanidad en una época que había dejado de ser humana.

 

A esas generaciones futuras sólo les restará un consuelo: saber que, mientras sus antepasados renegaban de su condición humana, había un Dios que abrazaba amorosamente tanta vida arrojada al desagüe.
 

Prisión para los cabecillas de la red de clínicas abortistas descubierta en Barcelona

JANOT GUIL. BARCELONA
 
La titular del juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona decretó ayer por la tarde prisión provisional sin fianza para tres de los seis detenidos el pasado lunes por practicar presuntamente abortos ilegales en cuatro clínicas privadas de Barcelona: Ginemedex, TBC y Fundación Morín, del Grupo CBM, y Emece. Entre los detenidos a los que se les decretó la prisión incondicional están el máximo responsable de la red de clínicas que practicaba los abortos ilegales, el cirujano peruano Carlos Morín, su esposa, María Luisa D. S., que gestionaba la clínica TBC, y María Virtudes S. V., trabajadora de una de las clínicas y supuesta colaboradora de Morín. A todos se les acusa de presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental.
Por su parte, a los otros tres detenidos, los médicos Dimas A.C., Pedro Juan L.A. y Marcial R., se les decretó prisión provisional bajo fianza, por lo que eludirán la cárcel cuando depositen entre 2.000 y 4.000 euros, pese a que la fiscalía también pedía prisión incondicional para ellos. Según señalaron fuentes cercanas al caso, a última hora de ayer ya se habían consignado las fianzas de los tres detenidos.
Sobre este caso sobrevuela una niebla informativa propiciada por el secreto de sumario impuesto. Según informaron fuentes jurídicas, la juez acusaba a los tres detenidos que podrían quedar libres de los mismos cuatro delitos que imputaba al resto. Con todo, el abogado de uno de ellos desmintió este extremo y aseguró a ABC que, al menos en el caso de su cliente, sólo pesaban sobre él las acusaciones de asociación ilícita y práctica de abortos ilegales. Este mismo letrado calificó de «simbólicas» las fianzas impuestas, por su baja cuantía.
Respecto a Morín, su esposa y Virtudes S. V., la juez, coincidiendo con el criterio de la fiscalía, consideró que había un riesgo de que los acusados destruyeran pruebas o se fugaran, de ahí su opción por la prisión incondicional.
La decisión de la juez que instruye el caso, Elisabeth Castelló, llegó el día después de una jornada maratoniana de declaraciones por parte de los seis acusados, que duró 14 horas. Tras comenzar anteayer a la una del mediodía, la declaración ante la juez de los seis detenidos concluyó cerca de las dos de la madrugada de ayer. Luego, la juez decidió prorrogar su detención y los acusados pasaron la noche bajo custodia en la cárcel y no en el acuartelamiento que la Guardia Civil tiene en Travesera de Gracia, en Barcelona, donde consumieron sus días y noches desde que fueron detenidos el pasado lunes.
Morín es a todas luces considerado como el «cabecilla» de esta red dedicada a abortos ilegales. Por cada uno de ellos se cobraba entre 3.000 y 6.000 euros. Según fuentes cercanas al caso, la esposa de Morín, María Luisa D. S., colaboraba con su marido en esta actividad ilícita, mientras que Virtudes S.V.,, sería la encargada de captar a posibles clientas para practicarles abortos.
Los otros tres detenidos realizan supuestamente los abortos -aunque algunas de las interrupciones de embarazo las había realizado el propio Morín, según algunas pacientes-, administraban la anestesia y falsificaban los historiales psicológicos y médicos de las mujeres y los fetos.
El lunes pasado, la Guardia Civil se incautó de gran cantidad de documentación en las cuatro clínicas registradas, que está siendo analizada, y también en la casa donde Morín y su esposa residen en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
Paralelamente, los agentes están tomando declaración a varias clientas de las clínicas. De momento, alrededor de veinte mujeres ya han pasado por este trámite y con sus declaraciones han aflorado varias irregularidades, como el hecho de que muchas de ellas aseguraran que su expediente médico incluía un examen psiquiátrico (preceptivo en el caso de que se alegue para abortar que hay un riesgo para la salud psíquica de la gestante, para la que no hay límite de semanas), pese a que ningún psiquiatra las había visitado.
Una red de colaboradores
En cuanto a la acusación de falsificación documental y de intrusismo profesional, se sabe que uno de los detenidos ejercía de anestesista sin tener título. Además, al parecer el propio Morín realizaba intervenciones quirúrgicas que luego firmaba otro médico, pese a tener el título de cirujano, un gesto que quizás obedecía a la voluntad de ocultar sus prácticas ante el Departamento de Salud.
Finalmente, la «organización» que dirigía Morín podría salpicar también a profesionales del sector de la sanidad pública, ya que se sospecha que tenía -y quizá mantenía con comisiones- una red de colaboradores en hospitales públicos que le enviaban a sus clínicas mujeres que querían abortar.
 

La Fundación de Morín, una tapadera para captar clientas entre las inmigrantes

 
 
DOMINGO PÉREZ
MADRID. Entre las actividades de Carlos Morín destacan las de su Fundación que, sin ningún pudor, reconoce entre sus fines fundacionales: «La gestión de programas operativos y concretos en el ámbito de la planificación de la natalidad, orientación sexual e interrupción voluntaria del embarazo». Sobre esta última cuestión aclara en sus estatutos: «Concertando tal actividad si se estima procedente, con centros públicos o privados...».
Todo apunta a que la realidad de la Fundación es que siempre se estimaba procedente la necesidad de abortar y, puesto que en el sector público apenas sí se producen intervenciones de este tipo (en Cataluña, en 2005, 558 de un total de 18.434), siempre se recurría a las propias clínicas privadas de Morín. Vamos, que la Fundación ejercería en la práctica como un centro de reclutamiento de clientas entre un colectivo muy concreto, el de las mujeres inmigrantes especialmente proclives, por su situación sociolaboral e indefensión, a recurrir a esta práctica. Al respecto, las cifras oficiales indican que el 39,11% de la extranjeras residentes en Cataluña han abortado en alguna ocasión.
Evidentemente, esta entidad ofrecía en sus programas otras actividades, como cursos de catalán, por las que la propia Fundación reconoce haber recibido ayudas oficiales. Sin embargo, de forma recurrente y destacada, siempre aparecía en sus prospectos alguna mención a la que, sin duda, era su actividad prioritaria y más lucrativa: ofertas de interrupciones voluntarias del embarazo.
Su introducción entre el colectivo inmigrante se realizó aprovechando la ascendencia de sus patronos. En concreto, Morín es peruano y una de sus más estrechas colaboradoras, la psicóloga Soraya Fares Agudelo, coordinadora general y secretaria de la Fundación, venezolana. La presencia de la Fundación en medios de comunicación para inmigrantes era intensa. La sede de la Fundación servía al tiempo de uno de los puntos de distribución del periódico «Latino». En este medio, de gran penetración entre la población iberoamericana, cuando se recogía información sobre alguno de los cursos impartidos por Morín, nunca se dejaba de recordar, aunque no viniera al caso, que se facilitaba la posibilidad de abortar.
«Abortos-espectáculo»
La Fundación de Morín se inscribió en el Protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia el 21 de febrero de 2003, aunque anteriormente, desde 1998, figuró en la Comunidad Valenciana. Entre sus patronos se encuentran el propio Morín y su esposa, María Luisa Durán. Se dotó a la sociedad con un capital inicial de 9.015,18 euros y, en 2004, presentó una cuentas positivas: unos 160.000 euros de gastos y 182.000 euros de ingresos. Desde entonces, Morín no ha vuelto a presentar las cuentas -incumpliendo la Ley de Fundaciones-, que le han sido requeridas por el Patronato.
Entre sus actuaciones más sonadas, la Fundación organizó el «I Simposio Internacional Multicultural de Salud Reproductiva». La Asociación de Médicos Cristianos de Cataluña interpuso una demanda en el juzgado de guardia porque se ofrecía la posibilidad de participar en un aborto. Según comprobaron, los «abortos-espectáculo» se practicaron el 17 de octubre de 2003 en 30 pacientes embarazadas de hasta tres meses (en las clínicas Ginetec y Emece), en 15 fetos de tres a seis meses (en Ginemedex) y en cinco de más de seis meses (en la propia Fundación).
 

La Generalitat y sus responsables de salud, en entredicho

 
 
J. G.
BARCELONA. El pasado lunes, después de que se registraran las cuatro clínicas abortistas investigadas y se detuviera a Carlos Morín y a cinco personas más, la Generalitat de Cataluña intentó justificar su triste papel en este caso. Pese a que las prácticas de Morín ya habían sido denunciadas en 2004 por el rotativo británico «Sunday Telegraph», y en 2006, por la televisión danesa, la actuación del gobierno catalán concluyó el pasado verano, tras concluir unas inspecciones, con una multa de 3.000 euros; sólo se habían detectado «irregularidades administrativas».
La portavoz del Ejecutivo catalán, Aurora Massip, alegó el lunes que la Generalitat no tiene «más potestades» que las que ya ejerció su Departamento de Salud. No piensan igual desde E-Cristians, la entidad que denunció a las clínicas. De hecho, su querella también se dirige «a los funcionarios de Salud» que deben inspeccionar las clínicas, de cuya profesionalidad se duda. Con esta acción, la entidad querellante pone también en el punto de mira a la Generalitat, a la que la juez del caso podría tener que sancionar de confirmarse que hubo irregularidades cometidas por las clínicas que debieron ser detectadas por la Administración catalana.
 

La gran farsa del premio

 
 
Morín decidió en 2005 instaurar el Premio al «Mejor Trabajo de Investigación Biopsicosocial relacionado con la inmigración», dotado con 2.000 euros. Cantidad que, por cierto, jamás salió de las arcas de la Fundación puesto que, casualmente, el galardón recayó en Soraya Fares Agudelo por su trabajo «Actitudes de los inmigrantes hacia la integración con la cultura catalana en Vilanova i la Geltrú». El hecho de que Soraya sea uno de los patronos de la Fundación, además de su secretaria y coordinadora general, no desdibujó para nada el acto de la entrega de premios, realizado el 11 de junio de 2005.
 

Once asociaciones piden una reforma para la ley del aborto

 
 
ABC
MADRID. Once asociaciones se dieron cita ayer por la tarde ante el Ministerio de Sanidad y Consumo. Un numeroso grupo de personas desafiaron la fría noche madrileña para pedir a todos los grupos políticos representados en el Parlamento «una reforma legal que establezca garantías en el cumplimiento de la Ley de despenalización del aborto», que se observen de «manera estricta» los tres supuestos despenalizados y el impulso de medidas sociales de «apoyo a las madres gestantes», entre otras medidas.
«Permanente fraude»
En un sentido similar, el Foro de la Familia reclamó ayer a los partidos políticos que actúen para poner fin al «permanente fraude» de la ley del aborto, así como una reforma de esta norma para establecer «como mínimo» un plazo de tiempo para la práctica del aborto terapéutico.
El presidente de esta plataforma, Benigno Blanco indicó que la frontera entre el aborto y el infanticidio se está «difuminando», ya que la interrupción terapéutica «teóricamente» se permite en cualquier momento y hasta el final del embarazo.

 

ABC: «Ya que ha venido a la clínica, apriétala para que aborte»

JANOT GUIL. BARCELONA
 
La operación judicial realizada contra cuatro clínicas privadas de Barcelona acusadas de realizar abortos ilegales ha devuelto al primer plano de la actualidad el sucio negocio que muchos centros hacen con esta práctica médica.
Desde el pasado viernes, el máximo responsable de tres de estos centros y «cabecilla» de este trama organizada dedicada al aborto ilegal, el cirujano Carlos Morín, su esposa y una trabajadora de sus clínicas se encuentran en prisión provisional por orden de la juez que investiga el caso, la titular del juzgado de Instrucción número 33 de la capital catalana. Las otras tres personas —médicos— que también fueron detenidas el pasado lunes en la misma operación están en libertad bajo fianza.
Sin embargo, el ya bautizable como «caso Morín», del que van filtrándose detalles, a cual más escabroso, por entre las rendijas del secreto de sumario impuesto, no es un caso único, desgraciadamente.
Como han denunciado muchas entidades, la legislación sobre el aborto en España tiene muchas grietas, además de un coladero en forma de boquete como es el supuesto que permite abortar si existe riesgo para la salud psíquica de la madre. Al amparo de este supuesto, no hay límite de semanas para la interrupción legal del embarazo, lo que propicia que se interrumpan gestaciones de hasta ocho meses o más tiempo, una instauración «de facto» del aborto libre que se registra exclusivamente en los centros privados y no en hospitales públicos, como demuestran las estadísticas.
Para acogerse al supuesto de riesgo para la salud psíquica de la embarazada, el expediente de la paciente debe incluir un informe hecho por un psiquiatra que certifique la existencia del citado riesgo. El problema es que dichos exámenes se convierten en trámites poco rigurosos alentados por el afán mercantilista de los responsables de las clínicas privadas, que llegan a cobrar entre 3.000 y 6.000 euros por este tipo de abortos.
En el caso de las clínicas ahora investigadas en Barcelona, ha trascendido que algunas de las clientas han declarado ante la Guardia Civil que en sus expedientes médicos se incluía el preceptivo informe psiquiátrico, pese a que ningún especialista de esta materia las había visitado.
Cabe señalar que a muchos se les revuelve la ética por el mero hecho de que las clínicas tengan psiquiatras a sueldo para hacer informes de cuyos resultados dependen los ingresos del centro, pero la ley no prohíbe explícitamente esta opción, «ergo», la consiente, y aquí empieza a abonarse un terreno lleno de suspicacias, cuando no de ilegalidades.
Siete meses de pesadilla

Da fe de ello Jaime Cañellas, un psiquiatra que tras trabajar siete meses, entre 2004 y 2005, en una clínica abortista de Gerona —que tiene también sedes en Barcelona y Palma de Mallorca, pero que no está vinculada a Morín— se fue horrorizado de lo que vio. La clínica le fichó mediante un contrato mercantil, él acudía a trabajar un día a la semana, dos horas, y cobraba 17 euros por cada informe que realizaba. A los tres meses, presenció tantas irregularidades que ya empezó a pensar en tomar la salida.
Según explicó a ABC, él, como el resto de psiquiatras a sueldo del centro, recibían coacciones y presiones de los propietarios de la clínica para que avalaran con sus informes los abortos. Incluso le ponían sobre la mesa un texto de informe «estandarizado» —«La mujer presenta un cuadro...»—, en el que sólo quedaba por poner el nombre de la paciente y su firma como especialista. «Yo me quejé. Les comenté que eran informes poco específicos. Pero a ellos sólo les importaba maximizar los beneficios», explica. De buenas a primeras, comenzó a recibir broncas de sus jefes por su «exceso» de celo profesional, que a veces se traducían en informes manuscritos que él añadía al texto fórmula, y por enviar a mujeres a casa tras disuadirlas de abortar. «Me gané la fama de disidente y cada vez me dejaban visitar a menos mujeres», afirma Cañellas, quien ilustra su queja con un ejemplo descorazonador.
«Algo podrás encontrar»

«Un día —relata— me vino una mujer embarazada de siete meses diciendo que quería abortar porque su marido la presionaba a que lo hiciera. La había sentenciado con un ultimátum: “O abortas o te dejo”. La mujer no sufría ningún trastorno grave, más allá de su lógica preocupación, y le dije que lo meditara. Incluso le comenté si no sería mejor que dejara a su marido...». Finalmente, la mujer se marchó a casa y a Cañellas le cayó otra bronca. Uno de los propietarios de la clínica le espetó: «Ya que ha venido, apriétala para que aborte». Y a renglón seguido otras lindezas como «pues algo tiene qué tener la mujer» o «algo podrás encontrar, está deprimida».
Cañellas se fue de la clínica en 2005 mordiéndose la lengua, pero finalmente se decidió a explicar públicamente su caso en junio de 2006. Fue entonces cuando el Partido Social Europeo presentó ante la Guardia Civil un escrito en el que denunciaba, entre otras cosas, que habían llegado a su poder certificados de psiquiatras que trabajaban para la clínica donde había estado Cañellas firmados en blanco y sin el nombre del paciente. Uno de estos certificados llevaba la firma, falsificada, de Cañellas. El caso sigue sin esclarecerse.
A raíz de esta revelación, este psiquiatra estalló y denunció su historia. Lo hizo en algunos medios de comunicación, que no en los juzgados, porque no se ve capaz de enfrentarse cual «quijote» contra las clínicas y «porque las irregularidades que vio son muy difíciles de demostrar».
La Generalitat no vio nada

A la postre, sus críticas sí llegaron a oídos de la Generalitat, pero la respuesta que allí encontró fue aún más desalentadora. El pasado febrero, le citaron a declarar ante unos inspectores del Departamento de Salud, que le sometieron a un interrogatorio «como si yo fuera el culpable.». Luego, meses después, la Generalitat le respondió que habían inspeccionado la clínica y no habían hallado ninguna irregularidad.
Desengañado y rendido, Cañellas sigue ahora trabajando en su consultorio privado; ya ni se plantea volver a estar en una clínica abortista. Al menos, avista un futuro más esperanzador después de que lo sucedido con Morín haya abierto los ojos a muchos.
 
LA GACETA: LOS INSTRUMENTOS DEL DR. MORIN
 
El triturador usado en las clínicas de Barcelona es el mismo que se utiliza para eliminar los desperdicios en mataderos y pescaderías
Santiago Mata

Madrid. El modelo STR-2000 es un triturador industrial de gran utilidad en los lugares en que es necesario eliminar grandes cantidades de desperdicios en la alimentación”.

 “En los mataderos, pescaderías, fábricas de conserva y mercados de todo tipo, se depositan grandes cantidades de residuos de materias orgánicas que producen malos olores y originan trabajo y preocupación de su transporte a los vertederos y medios de limpieza”.

 “Con la instalación del triturador STR-2000 en cualquiera de estos casos, se consigue eliminar todos los desperdicios en el momento en que se producen, sin necesidad de envasarlos y transportarlo, consiguiendo de este modo un ahorro considerable de la mano de obra”.

 “El aparato puede adaptarse sin ninguna dificultad a cualquier voltaje de energía eléctrica”. Además cuenta con un elemento de seguridad “que se dispara automáticamente en cuanto se somete a un esfuerzo anormal producido por cualquier tipo de producto inadecuado”.

 Quizá la empresa Guipuzcuana no sabía para qué podían necesitar dos trituradores dos de las clínicas barcelonesas del doctor Carlos Morín especializadas en abortos ilegales. Según el testimonio de la testigo protegida en este caso, emitido por Intereconomía TV el pasado martes.

 Uno de ellos estaba en la planta baja de la clínica TCB, bajo un lavabo al que se accedía por una puerta detrás de la mesa de recepción. El otro estaba en un patio exterior al lado de la sala de espera de la clínica Ginemedex. Prueba de la profusión con que se usaban —según la testigo las clínicas recibían al menos 15 llamadas semanales para realizar abortos de más de 24 semanas de gestación— es la petición cursada a STR-2000 en agosto de 2005 para que enviaran a TCB dos nuevas juntas de triturador.

 Quienes han investigado la “basura” de las clínicas abortistas (la madrileña Isadora fue investigada en el pasado mes de marzo por arrojar restos de fetos a la basura ordinaria) se sorprendían de la falta de restos orgánicos en las de Morín. Ahora ya saben el por qué: los fetos de gran tamaño salían al exterior por los desagües ordinarios, previamente triturados gracias a la eficacia de las máquinas de STR-2000.

Los desechos del aborto

Un reportaje de la TV danesa DR1 emitido a finales del mes de octubre de 2006 terminó con el negocio de los abortos ilegales durante un par de meses: Morín decidió suspenderlos y desmontar los dos trituradores. Pero el descenso de ingresos, y la mitigación de la polémica —no podía ser menos, pues llevaba “trabajando” en su especialidad en esas clínicas desde 2002 sin ser molestado (estuvo en la cárcel en 1989)—, le hizo reconsiderar la cuestión y volvió a los abortos de fetos de gran tamaño en enero de 2007.

 El doctor Morín volvió a instalar un triturador en Ginemedex, pero en TCB hubo que recurrir a descuartizar manualmente los fetos y camuflarlos en los contenedores a los que se arrojan los restos de abortos legales. Como la Ley del Aborto no regula qué hacer con los restos, se recurre a incinerarlos como si fueran residuos orgánicos procedentes de la actividad de una clínica “normal”.

 Para algunos el drama del aborto quizá no sea más que una cuestión de residuos mal gestionados. Cuanto más pequeños, mejor, en este caso, y de ahí que prefieran que la ley les garantice inmunidad hasta cierto plazo de tiempo... que no exija usar triturador. Por lo que hace en eficacia para incinerar, la historia del siglo pasado proporciona experiencias más que suficientes.

Descubren en las clínicas abortivas trituradoras de fetos conectadas a desagües

 
 
La Guardia Civil se ha incautado de abundante documentación en las clínicas investigadas
 
ELENA CARRERAS
JANOT GUIL. BARCELONA.
 
Un día después del inicio de la operación policial y judicial contra cuatro clínicas de Barcelona acusadas de practicar de forma reiterada abortos ilegales, que se salda de momento con seis detenidos, la investigación de este caso, que lidera la Guardia Civil bajo las órdenes del Juzgado de instrucción 33 de la capital catalana y la Fiscalía, sigue abierta y asoman, entre el silencio impuesto por el sumario, algunos detalles terribles.
Fuentes cercanas al caso aseguran a ABC que durante los registros practicados anteayer a las cuatro clínicas implicadas -Ginemedex, Barnamedic, Emece y TCB-, que no han sido de momento cerradas, se hallaron máquinas trituradoras de fetos conectadas a los desagües, motivo por el cual se analizaran dichas tuberías para intentar hallar restos de ADN. En concreto, según estas fuentes, se encontró una máquina trituradora en la Clínica Ginemedex y los restos de la instalación de otra en otra clínica, TCB. Estas máquinas trituran los fetos-bebés de grandes dimensiones y los reducen a una pasta que luego presuntamente se hacía desaparecer por un desagüe. Así, se borraba la «prueba del delito» y se evitaba la obligación legal de llevar estos «residuos orgánicos reconocibles» a incinerar.
Penas más altas
Los seis detenidos por esta operación, al frente de los cuales está el doctor Carlos Morín como responsable máximo de tres de las clínicas investigadas -Ginemedex, TCB, Barnamedic-, y vinculado a Emece, seguían ayer detenidos en las dependencias de la Guardia Civil de Barcelona. Pasarán a disposición judicial entre hoy y mañana. No se descarta que en un futuro haya más detenidos, que los registros se extiendan a otras clínicas de España, como la que el propio Morín tiene en Madrid, ClinicalBCM, y que se acabe por imputar a mujeres que accedieron a abortar de manera ilegal.
La juez que instruye el caso ve indicios para imputar a los seis detenidos un delito de asociación ilícita -que conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel-, además del de aborto ilegal, falsedad documental e intrusismo profesional, según consta en el auto de entrada y registro de las clínicas y del domicilio de Morín que fue ejecutado anteayer.
Además de Morín, entre los detenidos, cuya identidad no ha trascendido oficialmente, está su mujer, María Luisa Durán Salmerón, que gestionaba la clínica TCB, y el doctor Pedro Ávila, de origen cubano, que según pudo saber ABC ejercía de anestesista sin tener ésta titulación.
En cuanto a la posible imputación por asociación delictiva, abonaría esta teoría los resultados de las pesquisas realizadas, mediante «pinchazos» telefónicos por la Benemérita. Así, por ejemplo, en el caso de la Clínica Emece, cuyo máximo responsable no es Morín, se sospecha de que alguien de este centro «trabajaba» para proporcionarle a él clientes.
Por otra parte, las reacciones a este caso se suceden. La Generalitat intentó justificar su triste papel, después de que las inspecciones a algunas de las clínicas investigadas que realizó se cerraran sólo con multas de 3.000 euros por «irregularidades administrativas». La portavoz del Gobierno catalán, Aurora Massip, aseguró que no tienen «más potestades» que las que ya ejercieron.
Finalmente, el sindicato CC.OO. pidió la libertad de los seis detenidos y exigió una nueva ley del aborto «que respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo».
 

Una experta afirma que el 90% de abortos practicados en Cataluña rozan la ilegalidad

 
J. G.
BARCELONA. El 90% de los abortos practicados en Cataluña rozan la «ilegalidad», según denunció ayer la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB) Mirentxu Corcoy durante la presentación de un informe del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la Universidad de Barcelona (UB) para regular la objeción de conciencia en el ámbito sanitario.
Según Corcoy, sólo el 3% de las 21.976 interrupciones de embarazos que se practicaron en Cataluña en 2006 tuvieron lugar en los hospitales públicos y alegando los supuestos de violación y malformación del feto, que establece la legislación española. Por contra, el resto de las interrupciones voluntarias del embarazo tienen lugar en clínicas privadas. En su mayoría, se trata de madres que se acogen al tercer supuesto de la ley, que permite abortar en cualquier momento de la gestación para evitar un «grave perjuicio» físico o psíquico para la salud del bebé o la madre. En este sentido, la experta señaló que la práctica abortista en las clínicas privadas roza el «límite de la legalidad» al «llamar enfermedad psíquica al agobio», según Corcoy. «No existe tal enfermedad», sentenció.
 

Provocar abortos a los siete meses: decapitaciones e inyecciones letales

DOMINGO PÉREZ
MADRID. El caso de las clínicas privadas que practicaban abortos ilegales en Barcelona ha destapado una triste realidad. En España, amparados en una ley-máscara que permite abortar en cualquier momento de la gestación para preservar la salud física o psíquica de la madre, se practican interrupciones voluntarias de embarazos en estadios muy avanzados de gestación.
Un reportaje, realizado con cámara oculta por la televisión danesa, mostraba cómo el ginecólogo Morín aceptaba realizar un aborto de 30 semanas y explicaba a la madre el método que iba a utilizar: «Le ponemos un tóxico en el corazón que le produce la muerte inmediata. Cuesta 4.000 euros». Sin embargo, Morín pudo haber sido mucho más explícito al detallar los métodos que se utilizan.
Le cortan la cabeza
Un feto de 30 semanas casi ya es un bebé. Mide unos 28 centímetros, pesa 1,3 kilos. La piel es más gruesa y más rosada. Se produce un aumento de las conexiones entre las células nerviosas del cerebro. A partir de este estadio, el desarrollo se centra en el crecimiento. Es más, casi todos los bebés que nacen en este periodo sobreviven con ayuda médica. Son puntualizaciones vitales. Detalles que vienen al caso porque, como explica el portavoz de la Asociación de Médicos Cristianos de Cataluña: «Con 30 semanas o más, para abortar hay que inducir al parto. El niño tiene que nacer».
Avortament per naixement parcial. Un infanticidi amb "totes les de la llei".Y desgrana los brutales procesos que se siguen. Básicamente dos. «Uno de ellos -explica- es el que se denomina «aborto de nacimiento parcial». Se le pone a la madre un gotero con oxitocina para provocar el parto. Al bebé se le suele poner también una inyección en la fontanela (hueso aún no formado del cráneo) con algún tipo de calmante, siempre barato porque en estas clínicas prima la rentabilidad económica, para que no se mueva el bebé, para que la madre no lo note. El parto prosigue su pasos y cuando sale la cabeza se decapita. Así, sin más». Otra variante apunta a que al sacar la cabeza se insertan unas tijeras en la región occipital del bebé, después se abren para agrandar el agujero. Se introduce un catéter en el orificio, a través del cual se vacía el cerebro por succión y finalmente se extrae la cabeza del útero... El doctor que explica todo el proceso se pregunta: «¿Qué diferencia hay entre este tipo de aborto y un infanticidio?»
La otra práctica a la que se refería Morín no es menos cruel. «Como en el caso anterior se provoca el parto. En un momento dado, por medio de una ecografía, se localiza un vaso sanguíneo del feto -casi nunca el corazón- y vía canal de parto le inyectan digoxina. Es un medicamento que se utiliza en personas mayores porque ayuda a que el corazón funcione mejor y controla las arritmias. Sin embargo, en un feto es letal. Una vez muerto, se extrae». En ocasiones -según explican los especialistas- el parto no evoluciona correctamente y entonces se suele practicar una cesárea, se extrae el feto y ya fuera se opta o por la decapitación o por la inyección letal.
La tercera forma de acabar con la vida de los fetos-bebé cuando el estado de gestación es muy avanzado son las inyecciones de prostaglandinas. Es esta una forma más reciente de practicar abortos, que se ha puesto bastante de moda. Utiliza unos potentes productos químicos que provocan fortísimas contracciones que hacen que el útero acabe expulsando al bebé. Las contracciones son tan intensas que se ha dado el caso de criaturas amputadas por su efecto. A veces, el bebé nace vivo -continúan relatando-. Se trata de una «complicación» en el argot abortista, que se soluciona siguiendo lo relatado en el primer y segundo caso.
La brutalidad de las clínicas no concluye con el aborto. Hay que deshacerse de un cuerpo humano de cierto tamaño. Entran en acción trituradoras e incineradoras o empresas especializadas en recoger y, en teoría, deshacerse de los restos. Aunque, como apuntan desde Médicos Cristianos, «tenemos la certidumbre (y pruebas) de que en muchas ocasiones los cadáveres acaban en laboratorios para fabricar productos cosméticos».
 
Para una visual de la realidad del aborto en España recomendamos visitar www.provida.es/valencia y en especial http://www.provida.es/valencia/separata%202.pdf
Para mostrar fehacientemente la crueldad de lo que supone un aborto recomendamos visionar el DVD NO MIRES PARA OTRO LADO producido por varias asociaciones provida y estrenado recientemente.
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Precio por ejemplar: 15 euros
Precio por 50 ejemplares: 500 euros
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La barbarie silenciosa (el aborto libre en España)

TERCERA. JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director de ABC
 
Los decapitan, les succionan la masa cerebral, les inyectan líquidos letales y, tras descuartizarlos, introducen sus despojos en una trituradora conectada a los desagües y esa vida arrasada bárbaramente queda sin rastro. Así se practican abortos en unas clínicas de Barcelona a criaturas prácticamente a término -siete y ocho meses de gestación- y a otras cuyo derecho a vivir, aun no siendo viables fuera del claustro materno, está amparado por el artículo 15 de la Constitución española y por una ley natural inderogable y de vigencia universal.

 

En España -hay que afirmarlo desde el más básico conocimiento jurídico- abortar es delito. La ley de 1985 sólo -y ya es demasiado- despenalizó unos determinados supuestos. El tercero de ellos -riesgo real para la vida o la salud de la embarazada- ampara más del 97 por ciento de los abortos que se practican. Es obvio que se trata de un fraude de ley de proporciones incalculables y que, de hecho, está permitiendo que Cataluña en particular y España en general se hayan convertido en un macabro paraíso abortista al que acuden en sangrienta peregrinación miles de extranjeras en cuyos países de origen las leyes no son -como aquí ocurre- meros ornamentos legislativos.

 

Como bien recordaba el pasado viernes un lector de ABC, Julián Marías consideró la aceptación social del aborto como «el máximo desprecio de la vida humana en toda la historia conocida, y a la vez la negación de la condición personal». Así es. Una destructiva mentalidad sedicentemente liberal y progresista está usurpando el inicio de la vida y su final -mediante el aborto y la eutanasia activa- a sus propios titulares, imponiendo una abominable cultura de la muerte. Ni existe un derecho de la mujer a su propio cuerpo para deshacerse de la vida que ella en un acto voluntario -sea o no imprudente, esa es otra cuestión- ha creado, ni tampoco se da facultad por parte de nadie para acortar de manera activa la vida de un enfermo o de un anciano aunque la esperanza de supervivencia haya desaparecido o resulte del todo improbable. Hay tramos de la existencia -la inicial y la terminal- a los que hay que aproximarse con un respeto ignífugo frente a las llamaradas insensibles que para, hipócritamente, superar la barbarie silenciosa descubierta ahora en Barcelona proponen una nueva ley de plazos que nos conduciría, ya sin eufemismos, a un sistema de aborto libre.

 

La circunloquialmente denominada «interrupción voluntaria del embarazo» es, hoy por hoy, o sigue siéndolo, motivo de abierto debate en todas las sociedades conscientes de la necesidad de preservar determinados valores cívicos. No es una estratagema «conservadora», como con manifiesta indigencia ética se trata de relativizar este asunto; tampoco la oposición al aborto es una imposición moral de carácter confesional -en este caso del catolicismo y, en general, del cristianismo-, y mucho menos se trata de una incomprensión inhumana hacia muchos dramas personales y familiares que conducen a mujeres indefensas, engañadas, solas y abandonadas a esas clínicas de exterminio. Lo que se dilucida con el debate sobre el aborto es el modelo de sociedad y de convivencia que queremos construir; cuáles son los valores que debemos proteger mediante leyes justas y morales y qué medidas deben adoptarse para que el aborto no se convierta -como ahora ocurre- en una brutalidad de perfiles tan repugnantes que muchos medios de comunicación y la mayoría de los ciudadanos prefieren eludir para no enfrentarse a esa realidad que desafía a la conciencia colectiva.

 

Nada de lo que estamos conociendo tiene sentido social ni moral cuando existen medios anticonceptivos no abortivos para evitar la fecundación y cuando en España se mantiene una demanda abundante y constante de adopciones. Habrá, pues, que informar masivamente para evitar los embarazos indeseados y ofrecer métodos de barrera -desde luego nunca abortivos- cuyo coste sea mínimo o, a ser posible, gratuito. Y habrá que reconducir las peticiones de adopción, ahora dirigidas a terceros países, para facilitarla en España, aunque ello conlleve circunstancias emocionalmente más duras para la madre biológica y los padres adoptivos. Y habrá que invertir cuanto dinero sea necesario en una y otra iniciativa para evitar la lacra del aborto libre que -se admita o no- se ha instalado al amparo de un supuesto de despenalización que se ha comportado como cobertura para perpetrar demasiados desafueros.

 

Y habrá que aplicar la ley, lo que ahora no se hace. Hacerlo corresponde al Estado y, en particular, a los tribunales, que requieren de la alerta permanente de las fuerzas y los cuerpos de seguridad -tanto centrales como autonómicos-, pero también de los colectivos implicados, especialmente el de los médicos, que con aplastante mayoría se comportan conforme a las exigencias de su juramento hipocrático y se amparan masivamente en la objeción de conciencia. La práctica del aborto se ha convertido, además, no sólo en una inmoralidad ontológica, sino también en un pingüe negocio. En las clínicas de exterminio desmanteladas en Barcelona, la tarifa que habían de abonar las embarazadas por deshacerse de su criatura aumentaba al mismo ritmo que el tiempo de gestación: feto de seis meses, seis mil euros; de siete meses, siete mil euros; y de ocho meses -sí, de ocho meses-, ocho mil euros. Se calculaba, al parecer, el trabajo de la trituradora y, seguramente, el esfuerzo del verdugo cuando decapitaba a su víctima. Verdaderamente repugnante. Y sorprendente que la finísima piel de tantos colectivos cívicos se motee con urticarias por atentados ecológicos, culturales o sexuales y, en cambio, su epidermis parezca paquidérmica cuando ahí al lado, en la zona alta de la Ciudad Condal, y en tantas otras, se perpetra una barbarie que requeriría de un Truman Capote redivivo para relatarla con el énfasis de su legendario «A sangre fría».

 

No recurramos como paliativo a esta imperturbabilidad mediática y social ante estos crímenes a la perplejidad que causan o la atribución del ánimo escandalizado a una pulsión confesional. No hablamos de creencias -que también vendrían al caso-, sino de decencias; no hablamos de moral religiosa, sino de conciencia cívica; no escapemos de este macabro asunto por el portillo del drama personal de las embarazadas que abortan, porque de lo que estamos hablando es de los carniceros que las explotan y de la inacción con la que se olvida a las madres y la impunidad con la que actúan los victimarios.

 

España -recordaba en estas páginas el Secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone, hace unas semanas- ha sido un «faro de civilidad» por los valores que, como sociedad, ha sabido proteger y aprehender en su convivencia. Los estamos perdiendo a una velocidad suicida y necesitamos una reposición de nuestra identidad colectiva con más urgencia que nunca. El vanguardismo relativista y permisivo en que en estos años nos hemos enfangado no sólo merma nuestro crédito de solvencia común, sino que, además, nos comienza a restar autoestima. Los crímenes abortistas de Barcelona tendrían que constituir un aldabonazo en la conciencia social porque la brutalidad y vesania de esos carniceros no deja de ser un signo del despiadado momento en el que discurre nuestro convivir.
 

El aborto, un fracaso colectivo

 
 
EDITORIAL.
MERECEN una profunda reflexión los datos sobre la práctica del aborto en España que hoy publica ABC. La expectativa de que en España pueda cerrarse el año con una cifra próxima a los 110.000 abortos, con un incremento estimado del 17 por ciento respecto al año anterior, demuestra una progresiva y preocupante aceleración de esta dramática estadística. A este ritmo, pronto habrá más del doble del número registrado hace diez años. Las cifras crecen en todas las comunidades autónomas, aunque se percibe una concentración de estas prácticas especialmente en Cataluña y también en Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Aragón. Es muy preocupante el crecimiento a ritmo acelerado en la franja de edad entre 15 y 19 años, es decir, mujeres que se encuentran en la adolescencia y la primera juventud. La introducción en su día de los tres supuestos de despenalización en el Código Penal, matizados por la sentencia del Tribunal Constitucional, parece ya superada por la realidad social. Es fácil constatar que muchas prácticas abortivas se desarrollan al margen de la ley, incluso en su interpretación más amplia posible. Como ocurre con alguna frecuencia en determinados indicadores sensibles de nuestra sociedad, hemos pasado de un extremo a otro: el escándalo de las clínicas de Barcelona ha destapado la existencia de verdaderas atrocidades, a la vez que se constata que España es hoy día el destino de muchas mujeres que no pueden abortar legalmente en su país de origen.

 

La rigidez en la aplicación de la ley y la «tolerancia cero» que el Gobierno impone en materias como el tabaco o la seguridad vial, parecen convertirse en permisividad absoluta cuando se trata del aborto. Miles de seres humanos no llegan a nacer a la vida extrauterina por causa de una legislación que se aplica de forma laxa y, en algunos casos, con un incumplimiento flagrante de los requisitos exigidos. El aborto no es moderno ni progresista, sino un reflejo del fracaso de los principios morales que vertebran la convivencia. La situación es peor todavía si no se cumplen las reglas que impone el ordenamiento jurídico y si las mujeres más indefensas son víctimas de desaprensivos que explotan esa debilidad para enriquecerse con negocios turbios. Los poderes públicos no pueden mirar para otro lado en un asunto de tanta gravedad. Como mínimo, es imprescindible una investigación eficaz sobre todos los casos que no se ajusten a la despenalización limitada que establece el Código Penal. Más allá del derecho vigente, la sociedad española debe iniciar un periodo de reflexión a la vista de los datos que hoy ofrece ABC. Una sociedad que presume de moderna y desarrollada no puede ser indiferente ante la extensión de este drama personal y colectivo.
 

España se acerca a los 110.000 abortos provocados en el último año
J.F.C. MADRID.
 
Las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en las cuatro principales comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid) han aumentado más de un 19 por ciento en el último año. Y junto a Aragón, el número de abortos supera los 75.000, según los datos oficiales de las distintas regiones. Estas cinco comunidades suponen entre el 69 y el 70% del total de abortos que se registran cada año en nuestro país, lo que significa que, si extrapolamos los datos, en el último año (2006) se habrían producido entre 108.000 y 109.000 interrupciones del embarazo en España, contra las 91.644 registradas en el año 2005. Si se confirman estas cifras, supondría un incremento medio en todo el país de un 17%.

 

Todo indica que las nuevas cifras del Ministerio de Sanidad sobre IVE en España superarán en cualquier caso y con claridad las 100.000 y serán más del doble de las registradas hace sólo diez años, cuando se produjeron 51.002 abortos. Además, y pese a la provisionalidad de los datos, sí se puede confirmar que sólo entre Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid (al menos 72.893 abortos) suman más interrupciones de las producidas en toda España hace sólo un lustro, cuando en 2001 la cifra alcanzó los 69.857. De estas regiones, Cataluña es la que lleva una mayor velocidad, pues en el último año (2005-2006) pasó de 16.905 abortos a 21.976, un 29,99 por ciento más.

 

Extranjeras
El número de interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país aumenta año tras año. Si por fortuna se estancase ese número por una vez, en cualquier caso la cifra final superaría la barrera de los cien mil. A los 75.713 (redondeando Madrid en 22.200, según cifras oficiales), habría que añadir 27.719 del resto de comunidades, más ciudades autónomas y mujeres extranjeras que viajan a España con el exclusivo afán de abortar. En total, se superan los 103.000. Esta última cifra debiera quedar (si se mantiene la progresión) entre 108.000 y 109.000, unas tres veces más que la vivida en 1990.

 

La situación con más detalle que se vive en las comunidades de Andalucía, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, de las que tenemos un mayor número de datos, es la siguiente:
Andalucía. En cinco años, de 11.697 abortos a 18.387. Un incremento en línea con Cataluña, aunque por fortuna se ha detenido algo en el último año con respecto a los anteriores. En lo que respecta a los grupos de menor edad, la situación ha mejorado, ya que han quedado «congelados» los abortos de menores de 15 años (115 por 112 en el último año) y en lo que respecta a las chicas de 15 a 19 años, con un ligero aumento (2.946 por 2.867). El problema es que las interrupciones en chicas de esta edad son más del doble que hace diez años.

 

Aragón. Mucho más tranquila es su evolución, con respecto a Andalucía, al pasar de 2.148 abortos a 2.820 entre 2001 y 2006, con un aumento medio en el entorno del 6 por ciento anual. Similar a los andaluces en el grupo de edad 15-19 años, esta vez con retroceso (325 por 329 en el último año), pero un incremento evidente entre las menores de 15 años, aunque son números muy pequeños: de siete a once. Puede ser un ejemplo de lo que debe estar sucediendo en algunas regiones de España, con cifras más calmadas que en Cataluña y Madrid, pero...

 

Cataluña. Tremendo toque en el último año, con un aumento superior al 30 por ciento, lo que supone 5.000 víctimas más entre 2005 y 2006, hasta acercarse a las veintidós mil (21.976 por 16.905). En todos los órdenes, la situación en Cataluña aparenta ser un caos total, con grave peligro para las menores de edad, pues el caso de interrupciones entre las que aún no han cumplido los 15 años casi se duplica: 100 contra 52. Además, en el grupo de 15 a 19 años el aumento es grave, pues pasan de 2.106 a 2.776. Habría que empezar a conocer de que edad son las mujeres (en su inmensa mayoría, extranjeras) que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en las clínicas ahora investigadas por la Justicia.

 

Comunidad Valenciana. Recién inaugurados los siete mil abortos al año hace un lustro, ya supera los diez mil, con especial incidencia en el último año, al producirse un incremento superior al 10 por ciento. También difícil de entender la evolución seguida por las menores de 15 años (aunque hablemos de números menores), al pasar de 39 abortos a 54. También es significativo que uno de cada dos interrupciones del embarazo se produjo en un centro público, siempre según los datos oficiales.

 

Futuro incierto
Parece, y según se comprueba el ritmo creciente de cifras y estadísticas, que en España el aborto no tiene posibilidad de un planteamiento nuevo. No se detiene el incremento, ni siquiera entre las menores (un 33 por ciento más entre las que no han cumplido los 15 años, de 210 a 280 y en el último año), y en esa franja de los 15 años a los 19 es constante, con un 3 por ciento de media, hasta superar los siete mil (7.416 en 2006).
 

«La sanidad pública descarga sobre la privada los abortos que no están claros»

«La sanidad pública descarga sobre la privada los abortos que no están claros»
Josep Miró Ardèvol sostiene que sólo persigue el cumplimiento de la ley
 
 
TEXTO MARÍA JOSÉ FRANCO
FOTO YOLANDA CARDO

 

BARCELONA. -¿El «caso Morín» es sólo la punta del iceberg de la realidad sobre el aborto o la excepción a un buen cumplimiento general de la ley?

 

-Morín es un bloque grande del iceberg, pero aparte de sus clínicas, hay otras que incumplen la ley. La mayoría de las interrupciones del embarazo en España son ilegales, se hacen bajo el supuesto de enfermedad psíquica de la madre de manera poco clara.

 

-¿En qué se basa para hacer esa afirmación?

 

-Sobre todo en dos cuestiones estadísticas: el número de abortos que los centros públicos derivan hacia los privados, y la cantidad de mujeres que se acogen al mencionado supuesto. Hay que añadir que las estadísticas no reflejan el número real de abortos en España, puesto que no se sabe cuántos se practican al margen de la ley.

 

-¿Por qué acuden las mujeres a los centros privados?

 

-En la sanidad pública sólo se hace el tres por ciento de los abortos, y casi todos por el supuesto de malformaciones en el feto. La leyenda urbana dice que se debe a la objeción de conciencia de los médicos. Radicalmente falso. No puede haber en los hospitales públicos tanta concentración de médicos con conciencia antiabortista.

 

-¿Cuál cree que es la razón, entonces?

 

-Hay algo común en todas las comunidades autónomas, y es que la sanidad pública sólo hace los abortos que claramente se ajustan a la ley. Así, se descargan de los problemas legales que pudieran surgir, y quedan para el sistema privado, que además recibe subvenciones, los casos dudosos. Hay un fraude de ley generalizado.

 

-Santiago Barambio, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que agrupa a 30 centros de España, ha amenazado con un plante porque, tras estallar el «caso Morín», se sienten acosados por los grupos católicos, incluido el que usted dirige, y denuncian también el silencio de los políticos. Afirma que siempre están bajo sospecha.

 

-¿Acoso? Si es acoso pedir que se cumpla la ley... Lo que perseguimos es que se restituya el imperio de la ley. Se precipita al decir eso, todavía no hay acoso. Si hacen un plante y dejan de hacer abortos un tiempo, nosotros lo celebraremos y sus cuentas corrientes sufrirán.

 

-E-Cristians ha pedido a la Consejería de Salud que haga más inspecciones a las clínicas de la ACAI, porque creen que «hay indicios racionales de posibles abortos ilegales». Que, por cierto, Geli ya ha respondido que no las hará.

 

-Los políticos los han encubierto hasta ahora, y cuando Geli dice que no quiere revisar los expedientes de esos centros, sigue encubriéndolos.

 

-Si creen que practican abortos ilegales, ¿por qué no lo denuncian como en el caso de Morín?

 

-No somos partidarios del activismo jurídico. Somos lentos. Han pasado dos años desde que empezamos hasta que hemos presentado la querella contra Morín y los que le acompañan, que además es extensiva a los responsables de Salud. Hay que fundamentar las cosas.

 

-«Hacemos el trabajo que nadie quiere hacer y, encima, nos tratan como a asesinos», se lamenta el portavoz de la ACAI.
-¿Y por qué lo hacen?

 

-Defienden el derecho al aborto.

 

-No, lo hacen para ganar dinero. No han montado una cooperativa o una ONG, sino empresas con ánimo de lucro. Mientras el aborto esté privatizado, existe riesgo de ilegalidad. Es un escándalo que una actividad como ésta forme parte de la economía de mercado y se ejerza mediante sociedades mercantiles. Tiene que sacarse de la lógica del mercado, volver a la sanidad pública y bajo un cumplimiento estricto de la ley. Un aborto es un hecho irreparable al que a veces la mujer se enfrenta con grandes dudas.

 

-Están aprovechando este caso para hacer una campaña contra el aborto, les acusan algunos.

 

-En todo caso, una reflexión, que en nuestro país todavía no se ha hecho. ¿Cómo se ha llegado al escándalo moral de Carlos Morín? Han sido necesarias muchas complicidades durante mucho tiempo, una inhibición escandalosa, que muchos hayan hecho la vista gorda.

 

-¿Quiénes?

 

-Políticos, autoridades sanitarias, gobiernos, colegio de médicos, medios de comunicación... Hay otra cosa curiosa, en Cataluña, Hacienda ha hecho un montón de peinados fiscales en diversos sectores, sobre todo en actividades que se cree que pueden mover dinero negro. Bueno, pues nunca se han hecho a las empresas de Morín, pese a sus desproporcionados signos externos de riqueza. Tiene coches de lujo, una casa carísima, empresas de construcción...

 

-Habla de gobiernos que han hecho la vista gorda.

 

-Morín no ha construido su imperio abortista con el tripartito ni con Rodríguez Zapatero, aunque haya gozado con ellos de un momento especialmente favorable. Ha funcionado en el período de Jordi Pujol y con gobiernos del PP en Madrid. Nadie movió un papel para modificar nada, para establecer reglamentaciones. Ha habido un pecado de omisión.

 

-Usted fue consejero con Pujol.

 

-Sí, de Agricultura entre 1984 y 1990. La ley del aborto es del 85 y en los primeros años era algo con escasa dimensión social. Quizá por eso no le presté tanta atención; me ha ocurrido igual con otros asuntos.

 

-¿Le parece necesario que los medios de comunicación, al hablar de las clínicas ahora investigadas, se extiendan en aspectos como las trituradoras de fetos, cómo se extraen éstos, etcétera?

 

-Es fundamental porque el aborto, a fuerza de hacer de él bandera ideológica, se ha convertido en una abstracción. Una mujer entra en una clínica y sale de ella, y entre tanto no pasa nada. La pregunta sería a la inversa: si no se cuenta lo que ocurre, ¿no estamos omitiendo detalles fundamentales sobre el feto y sobre la mujer?

 

 

ACI Prensa

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